Jordi Pujol hijo negoció con un condenado por pagar sobornos
El empresario Josep Rubau admite que pagó al primogénito por un negocio, pero niega traspasos de fondos en Andorra
El rastreo de los fondos que la familia Pujol mantuvo ocultos en Andorra ha puesto sobre la mesa una relación que, hasta ahora, había permanecido soterrada: la que mantuvieron Jordi Pujol Ferrusola y el empresario catalán Josep Rubau, condenado por pagar sobornos a un ex alto cargo de la Generalitat a cambio de la adjudicación de obra pública. Rubau ha admitido a la Policía que, en los años noventa, pagó 250.000 pesetas al hijo mayor del expresidente de la Generalitat por hacer de “intermediario” en un alquiler y que este le propuso otros negocios.
Rubau ha declarado como testigo junto a una veintena de personas más que, presuntamente, recibieron y transfirieron fondos a cuentas del primogénito en Andorra. Todos ellos, incluido Rubau, han afirmado que no saben nada de esas operaciones, que datan de la década de 1990. El empresario, sin embargo, ha admitido que tuvo tratos con Júnior. En concreto, que le pagó por mediar en el alquiler de un hotel de su propiedad a Joan Gaspart, expresidente del Barça. Rubau también reconoció que el hijo mayor le ofreció “determinadas inversiones” que Rubau no ejecutó porque eran “muy voluminosas para su capacidad económica”, según un informe policial remitido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Rubau es presidente de la constructora Rubau Tarrés, adjudicataria de la Generalitat. Hace cuatro años fue detenido por participar en una supuesta trama empresarial para amañar precios y repartirse obras públicas, causa por la que sigue imputado. El empresario, además, ha sido condenado en firme en una pieza separada de esa misma causa. Rubau aceptó el pasado noviembre ser condenado a pagar una multa de 33.000 euros por sobornar a un exgerente de carreteras de la antigua Gisa (la mayor adjudicataria de la Generalitat) a cambio de contrataciones.
Los nombres de Rubau y de los otros 31 presuntos titulares de cuentas en Andorra figuran en la comisión rogatoria que el principado envió al juez del caso Pujol. La Policía ha tomado declaración por las transferencias cruzadas a 23 de esas personas –el resto han fallecido o no han podido ser localizadas– con idéntico resultado: todas niegan haber recibido o transferido esos fondos. Ante tal coincidencia, la Policía plantea dos hipótesis en su informe al juez: o bien todos han mentido, o bien la entidad Andbank organizó “un sistema paralelo de cuentas corrientes” y utilizó esas cuentas para “movimientos ocasionales”.
Pagos que no existen
Esa segunda hipótesis coincide con la sostenida por la defensa de los Pujol: esos traspasos no son reales, fueron contabilizados por el propio banco como swaps o “compensaciones” entre clientes. Para equilibrar las retiradas e ingresos de efectivo, según esa explicación, la entidad traspasó cantidades similares entre las cuentas de sus clientes. La Policía, en cualquier caso, apuesta por seguir indagando y ha pedido al juez que amplíe la comisión rogatoria para que Andbank facilite información sobre las cuentas de los testigos.
En sus declaraciones, todos los testigos “niegan que la operativa tuviera lugar”. Algunos de ellos —incluida una agente femenina de los Mossos d’Esquadra y una funcionaria en excedencia— negaron incluso haber poseído jamás una cuenta en Andorra. Otros admitieron los fondos, pero matizaron que estaban regularizados y negaron tratos “comerciales, económicos o de otro tipo” con “cualquier miembro de la familia Pujol Ferrusola”. La Policía subraya que algunos de esos titulares tienen nexos entre sí, tanto familiares como empresariales; por ejemplo, socios de una empresa textil o de un bufete de abogados.
La Audiencia Nacional mantiene imputados a todos los miembros de la familia Pujol Ferrusola por blanqueo de capitales y fraude fiscal. Jordi Pujol Ferrusola declarará como imputado (por segunda vez) el próximo 11 de febrero. Un día antes lo harán sus padres: el expresidente Jordi Pujol y su mujer, Marta Ferrusola. El juez De la Mata considera que la familia “ha venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada” para “desarrollar negocios económicos” y distribuirlos entre todos.
El hijo mayor juega un papel clave ya que, presuntamente, gestionó la fortuna familiar en Andorra. También está investigado por recibir pagos millonarios de empresarios que, según la investigación, son comisiones ilegales a cambio de hacer valer su influencia política. La mayoría de esas empresas son adjudicatarias de obra pública.
La policía señala al gestor de Andbank
Nueve de los 23 testigos reconocen a Josep Maria Pallerola como la persona que gestionó sus cuentas en Andorra. La Policía subraya "la importante función desarrollada" por Pallerola "al servicio" de Jordi Pujol Ferrusola, de quien seguía órdenes. Júnior le indicaba los movimientos financieros que debía realizar por teléfono y fax, "sin necesidad de que se trasladara a las dependencias de Andbank". El informe indica que Pallerola estuvo imputado en el caso Pretoria, que está pendiente de juicio. En el caso están implicados Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, excargos de Jordi Pujol. Según la Policía, se constató que el gestor de Andbank "hizo de correo para entregar cantidades de dinero en efectivo extraídas de Andorra". En sus conclusiones, la Policía cree que Pallerola "aprovechó su posición de gestor de banca" —llegó a ser "responsable absoluto" de carteras financieras de Andbank— para montar un "sistema paralelo de cuentas corrientes". Sin llegar a ser secretas, "dispuso de filiaciones de terceros" para "contratar posiciones con las que manejar capitales de terceros", incluido Jordi Pujol Ferrusola.
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