Los contenciosos del ‘caso Aneri’ deberán esperar al pleito penal

Una juez paraliza la tramitación de la denuncia de una asociación profesional contra el Ministerio de Empleo, a la espera de que haya sentencia firme

La vía administrativa en el presunto fraude en los cursos de formación de Madrid, el llamado caso Aneri al que da nombre uno de los principales imputados, deberá esperar a que se resuelva el pleito penal en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que indaga sobre una estafa de al menos 15 millones de euros entre fondos estatales y regionales.

El juzgado central de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid ha decretado la suspensión del procedimiento que seguía por la denuncia que presentó una de las asociaciones investigadas, la Asociación Profesional de Salas de Despiece y Empresas Cárnicas de Despiece de Madrid (APROSA) contra el Servicio Público de Empleo (SEPE) por “la incorrecta utilización de fondos subvenciones, créditos y demás ayudas del Estado” con cargo al erario público.

En un auto del 27 de noviembre la titular de ese juzgado acuerda “suspender el curso de las actuaciones hasta que recaiga resolución definitiva en las diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid” que investiga el supuesto fraude en el que también está imputado el ex alto cargo de la Cámara de Comercio y de la patronal de Madrid, Alfonso Tezanos, otro presunto cabecilla de la trama.

La resolución se cimienta sobre el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que obliga a paralizar cualquier otro procedimiento judicial cuando los mismos hechos se estén investigando en la vía penal. “Dado que a priori los hechos examinados son los mismos, se hace necesario suspender el presente procedimiento al estarse tramitando un proceso penal por estos hechos”, señala la juez.

Después de que se destapara el presunto fraude que investiga ahora el juzgado de Instrucción, la Comunidad de Madrid reclamó a las asociaciones para las que Aneri tramitaba ayudas a la formación la devolución de 3,9 millones de euros. La plataforma que aglutina a parte de esas asociaciones presentará este último auto judicial en todos los procedimientos abiertos en los que se les reclama la devolución de las distintas cantidades para que también estos se paralicen.

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