Felip Puig culpa a firmas como Airbnb del poco empleo que crea el turismo

El titular del Departamento de Empresa y Empleo, Felip Puig, culpó este jueves a la economía colaborativa del escaso impacto que ha tenido en los útimos años el crecimiento del turismo en la creación de puestos de trabajo. El consejero pidió “una reflexión” sobre “¿qué oferta turística estamos potenciando?” en Cataluña, una interrogante que se ha extendido entre la ciudadanía desde que estallaran el año pasado las protestas en el barrio de la Barceloneta contra los apartamentos turísticos y el turismo de borrachera.

Puig, que se encuentra en sus últimas semanas como consejero, lanzó esta pegunta durante la presentación en Barcelona del Índice Manpower Group sobre el empleo en Cataluña. El informe señala a la industria y al sector de los servicios privados como los principales motores en la recuperación del mercado laboral en la comunidad autónoma. Por el contrario, señala que un área tan ligada al turismo como la hostelería ha reducido su ocupación en un 2,7% durante el último año.

Puig recordó que empresas como “ese gigante de la intermediación que ya sabéis quién es”, en una clara referencia a la multinacional estadounidense Airbnb, aumentan la actividad turística pero “no son economía regulada, no suponen contrataciones y no generan altas en la Seguridad Social”.

La Generalitat ha sido la única que “ha intentado parar” al portal que ha popularizado los pisos turísticos, según defendió el consejero. Enumeró algunas medidas, como la multa de 30.000 euros que el Gobierno catalán impuso el año pasado al portal por dar publicidad a alojamientos que no contaban con licencia. O que Cataluña fue la primera autonomía que reguló el alquiler de este tipo de alojamientos. La tecnológica, sin embargo, continúa con sus operaciones y la ciudad es incluso uno de sus principales destinos.

El consejero, sin embargo, no mencionó el cambio de normativa en el que trabaja su Departamento para que servicios como el que brinda Airbnb encajen en la ley. Una medida que en la actualidad “sigue ru rumbo” burocrático, según explicó Empresa, y que abrirá la puerta al alquiler de habitaciones en viviendas habituales a viajeros a cambio de recaudar la tasa a la que están sujetos el resto de establecimientos turísticos. Aunque fija algunos límites, como estancias máximas de 31 días y que no sumen más de cuatro meses al año, es una práctica que la ley vigente prohíbe.