El perverso incentivo de la opacidad

Hay autos de archivo que más bien parecen una carta de capitulación. Mensajes lanzados a las bibliotecas de jurisprudencia que alaban la nobleza de la lucha pero que están escritos con la tinta amarga que deja la derrota. El equivalente futbolístico sería aquel canto de: “Jugamos como nunca, perdimos como siempre”.

Es así como debe entenderse el breve escrito con el que el juez cierra el caso Sant Pau, un auto que admite que algo tan “simple” como conocer los ingresos y gastos de la institución ha resultado ser imposible. El juez no ha escatimado esfuerzos —tres años y medio de investigación— ni ha carecido de buenos compañeros de batalla —destaca “la extraordinaria dedicación” de dos peritos de la Agencia Tributaria—, pero nada ha podido hacer ante la opacidad de una institución convertida en síntoma de los males que adolecen al sistema sanitario. Si necesita consuelo, el magistrado puede preguntar a los miembros de la malograda comisión de investigación sobre la sanidad que acogió el Parlament en 2013.

El auto, sin embargo, no se olvida de lanzar un aviso: si la arquitectura societaria de Sant Pau —con tres fundaciones— es endiablada y su compleja gestión hace imposible poner luz a las cuentas, el problema al que nos enfrentamos no es penal sino “de orden social y político”. Es decir, es la Generalitat la que debe adoptar las medidas necesarias para que la transparencia y el cumplimiento de la normativa reinen en una institución a la que aporta cada año 300 millones de fondos públicos.

La indiscutible lógica jurídica del auto —sin hechos acreditados no hay causa penal posible— alerta así de los peligros de hacer de la opacidad un perverso incentivo para aquellos que tienen algo que esconder.