Ocupado el hospital Sant Jaume de Mataró por el traslado de pacientes

Vecinos de la ciudad marchan contra el plan del consorcio sanitario local de reubicar a 40 enfermos del centro sociosanitario

Manifestación por las calles de Mataró contra el plan de traslado de camas.
Manifestación por las calles de Mataró contra el plan de traslado de camas. Massimiliano Minocri

Los vecinos de Mataró salieron ayer a la calle para denunciar “el desmantelamiento” del centro sociosanitario Sant Jaume, satélite del hospital principal de la ciudad. El Consorcio Sanitario del Maresme (CSdM), al que pertenecen ambos centros, está en jaque desde que el pasado verano su directiva presentase un plan de reequilibrio que contemplaba cerrar una parte del sociosanitario trasladando 40 camas de convalecencia al hospital matriz. La medida se frenó temporalmente por la presión popular pero las entidades en defensa de la salud pública están a la espectativa de nuevos recortes después de que la Generalitat interviniese el consorcio por haber hecho déficit. Unos 400 vecinos ocuparon ayer el Sant Jaume como medida de protesta contra nuevos tijeretazos.

El CSdM, al que pertenece el hospital de Mataró, el sociosanitario Sant Jaume y una decena de centros de atención primaria y de salud mental, vive tiempos convulsos y los recortes acechan a todos sus centros. La institución, que es de carácter público —propiedad de la Generalitat, del Consejo Comarcal del Maresme y del Ayuntamiento— y da servicio a unas 265.000 personas, generó un déficit de más de dos millones de euros el año pasado y la Generalitat tuvo que intervenirla. Esta intervención implicó la fiscalización de todas sus cuentas y la suspensión del régimen de autonomía de gestión del que gozan todos los consorcios sanitarios y que les exime de aplicar las medidas que afectan a entidades del sector público de la Generalitat (como la retirada de la paga extra a los funcionarios).

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La Generalitat obligó además al CSdM a hacer un plan de viabilidad para reequilibrar sus cuentas. Aunque la dirección del consorcio prometió “no tocar sueldos”, el plan sí incluía medidas como trasladar 40 de las 72 camas del Sant Jaume al hospital de Mataró. Para trabajadores y usuarios eso implicaba de hecho el colapso de su hospital principal, sobre todo en la época de gripes, ya que perdería una planta entera para pacientes agudos.

La dirección se encontró con la oposición en bloque de todo el Ayuntamiento y los vecinos, así que optó por frenar temporalmente la medida. Sin embargo, las alarmas siguen encendidas porque, pese a parar el traslado, el hospital de Mataró vació en septiembre una planta entera que alojaba a pacientes pluripatológicos y de hospital de día con insuficiencias cardíacas. Esa unidad se mantiene cerrada y, según algunas fuentes, se prevé que el CSdM reactive la medida y ocupe esas sala con las 40 plazas de convalecencia del Sant Jaume después de que acabe el Plan integral de urgencias de Cataluña (PIUC). Este plan se pone en marcha la semana que viene y dura todo el invierno.

Ante esta situación, los vecinos de Mataró y las plataformas en defensa de la salud pública, como la Marea Blanca o la coordinadora local, se manifestaron ayer para protestar contra lo que consideran “un golpe de Estado sanitario”.

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Medio centenar de miembros de la Marea Blanca se trasladaron en tren a Mataró para unirse a las otras 350 personas que ayer por la tarde arrancaron una marcha por las calles de la ciudad hasta las puertas del Sant Jaume. “Queremos mostrar nuestra preocupación por la situación actual y futura del consorcio. Están avanzando de forma unilateral para desmantelar la sanidad pública”, protestó la Coordinadora de Usuarios de Mataró en su manifiesto.

Encierro nocturno

Tras la concentración, los manifestantes entraron en el histórico edificio del Sant Jaume y ocuparon el patio interior. Para evitar molestar a los enfermos que se encontraban en los pisos superiores, los convocantes del acto decidieron que sólo una veintena de los concentrados se quedaran a pasar la noche en un acto simbólico para defender “una sanidad pública y de calidad”.

“Actúan de forma unilateral: tienen una unidad vacía, derivan pacientes a empresas privadas, negocian con compañías con ánimo de lucro y el Servicio Catalán de la Salud presenta un plan sociosanitario sin tener en cuenta la opinión de los trabajadores”, criticaron desde la coordinadora.

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Sobre la firma

Jessica Mouzo

Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.

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