Convergència paga la fianza de 250.000 euros de su tesorero

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) salió ayer al rescate de su tesorero, Andreu Viloca, imputado en el caso 3%. Poco después de conocer que la Audiencia de Tarragona había decidido dejarle en libertad bajo fianza, el partido de Artur Mas depositó en el juzgado los 250.000 euros necesarios para sacarle de la cárcel de Quatre Camins. Viloca abandonó la prisión alrededor de las 19 horas pese a los esfuerzos de la Fiscalía Anticorrupción por mantenerle entre rejas. Los fiscales del caso creen que aún hay riesgo de que Viloca destruya pruebas.

El juez que investiga el presunto pago de comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública dictó prisión sin fianza para Viloca el pasado 22 de octubre. Tras 21 días entre rejas, la Audiencia admitió ayer el recurso de sus abogados y, contra el argumento del juez instructor, sostiene que no hay riesgo de destrucción de pruebas. La Audiencia le ha impuesto, sin embargo, una elevada fianza por riesgo de fuga. Los 250.000 euros se explican, según el auto, por la “elevada capacidad económica” de Viloca y por el hecho de que se ignora el rendimiento que proporcionó “la presunta actividad ilícita”. Además de la fianza, la Audiencia ha ordenado al tesorero que se presente cada lunes en el juzgado instructor y le ha retirado el pasaporte.

CDC celebró la libertad de Viloca —“tenemos plena confianza en nuestro tesorero”, dijeron fuentes del partido— tanto como la lamentó la Fiscalía Anticorrupción. Los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda creen que el riesgo de que Viloca destruya pruebas persiste. La Guardia Civil está analizando la documentación hallada en el despacho del tesorero, en la sede de CDC. Entre esos papeles figura una agenda informática en la que Viloca detalló sus encuentros con empresarios que hacían donaciones a las fundaciones controladas por el partido (CatDem y la Fundació Fòrum Barcelona). Las donaciones eran, según la investigación, comisiones ilegales a CDC a cambio de adjudicaciones en Ayuntamientos y en la Generalitat.

De esos documentos “pueden derivarse otras diligencias” que Viloca “podría comprometer” si queda en libertad, argumentó la Fiscalía. En concreto, el ministerio público cree que es necesario hallar “documentación o información referida a los años 2013 a 2015”, refleja el auto. La fiscalía recordó además que, el pasado 28 de agosto —cuando la Guardia Civil registró por primera vez la sede del partido— los agentes descubrieron que Viloca había destruido papeles relevantes para el caso con una trituradora.

La Audiencia de Tarragona admite el “esfuerzo” de la fiscalía por “concretar” el riesgo de destrucción de pruebas, pero lo considera insuficiente. Los jueces no entienden “por qué no se precisa, aun de forma discreta [la causa está bajo secreto] en qué medida la libertad de Viloca impediría descubrir los instrumentos usados para la comisión del delito”. Los magistrados agregan que la causa permanece abierta desde hace dos años y recuerdan que, entre el primer registro (de agosto) y la detención (octubre), Viloca “ha disfrutado de tiempo para destruir las pruebas que considerase oportunas”.

 Tiempo para destruir

 En fases anteriores, agrega la resolución, “se han realizado actuaciones con repercusión mediática que sin duda han llegado a conocimiento del imputado”. Los magistrados agregan que la Guardia Civil ya se ha incautado de “todos aquellos documentos, soportes informáticos y efectos que consideran necesarios” para la investigación.

Viloca fue detenido el 21 de octubre en la última fase del caso 3% junto al número dos de Infraestructures.cat —la mayor licitadora de obra pública de la Generalitat— y una docena de empresarios. La investigación les atribuye a todos ellos media docena de delitos: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos públicos y blanqueo de capitales.

La resolución admite que se trata de hechos “graves” y que están reflejados “de forma concreta” por el juez de instrucción. Pero concluye que, de todos modos, el argumento de que el tesorero destruya pruebas carece de “sólidos presupuestos justificativos”.