La Generalitat solo ingresa el 8% de lo previsto por privatizaciones

La Generalitat se aleja del objetivo de déficit fijado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) para 2015, al conseguir solo el 8% de los ingresos previstos por privatizaciones. Según la ejecución presupuestaria del Departamento de Economía, hasta el mes de septiembre el Ejecutivo catalán solo había recaudado 30,3 millones de euros por ventas de patrimonio y concesiones. Los Presupuestos preveían ingresar por esta vía 375,9 millones de euros, aunque en el Plan Económico y Financiero (PEF) que se envió al Ministerio de Hacienda esa cantidad aún era mayor: 1.663,3 millones. Además, la Generalitat verá mermados sus ingresos al estar suspendidas varias tasas por el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo catalán ya vio cómo el año pasado el déficit público escalaba del 1,96% al 2,58% del PIB, cuando el objetivo marcado en el CPFF era del 1%. Uno de los motivos de esa subida fue el escaso éxito de la política de privatizaciones. El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, había planeado ingresar 2.489,5 millones por ingresos y concesiones, pero solo llegó al 16,5% de ese monto, según el informe de ejecución presupuestaria de 2014.

En el PEF que la Generalitat actualizó en julio para el ministerio se atribuye ese escaso complimiento en que “las operaciones de concesión planteadas” tuvieron que ser “suspendidas por la proximidad de la convocatoria de elecciones municipales”. El departamento se refería al traspaso de un paquete de depuradoras del Área Metropolitana de Barcelona, que le hubiera supuesto unos ingresos más de 800 millones.

Para cuadrar las cuentas de 2015, Mas-Colell planteó dos escenarios. El primero estaba en los Presupuestos que aprobó el Parlament, en los que fiaba a la negociación con Hacienda unos ingresos de 2.183 millones procedentes de la disposición adicional tercera del Estatut correspondiente a 2008, un anticipo del fondo de competitividad y una compensación por el impuesto sobre los depósitos bancarios. Sin embargo, esa negociación ni se puso en marcha y, para rematarlo, la Audiencia Nacional rechazó que el Estado deba pagar la adicional tercera del Estatut, que fijaba que la inversión presupuestaria de la Administración central en Cataluña debía ser equivalente al peso de la comunidad en el conjunto de la economía española.

Sin embargo, Economía tenía un plan B que plasmó en el PEF que llevó al ministro Cristóbal Montoro. Puesto que esos ingresos estaban "condicionados" a "un proceso de negociación y a resolución judicial", la Generalitat no los incluyó en el plan que entregó a Montoro para recibir la luz verde del ministerio y los cambió por otros ingresos, especialmente privatizaciones.

Comunidad más activa

Cataluña ha sido la comunidad más activa en estas operaciones y, de hecho, concentra el 99,5% de todas las ventas y concesiones de empresas públicas entre 2012 y 2014, según el Informe sobre la reordenación del sector público elaborado por el Ministerio de Hacienda. Las dos mayores operaciones realizadas por la Generalitat son la privatización de Aigües Ter-Llobregat, en pleno proceso judicial, y Tabasa.

En el plan entregado a Montoro, Mas-Colell concretó que realizaría el traspaso de las depuradoras y realizaría ventas de inmuebles. Pero la única venta de inmuebles del año —las dos sedes del Departamento de Empresa y Empleo— se vio frustrada después de que la sociedad Nadlan BCN no abonara el importe acordado, mientras que el nuevo mapa político surgido tras las elecciones municipales alejó la operación del Área Metropolitana, cuyo consejo está presidido por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Más complicaciones

La negociación con la CUP para investir al candidato de Junts pel Sí (JxSí) para la presidencia de la Generalitat complica todavía más esa política ya que la formación anticapitalista exige parar o revertir 10 procesos de privatización.

Hasta agosto, la Generalitat registraba un desfase del 0,76% del PIB, superior al objetivo de déficit de todo el año. Un informe del think tank Fedea apunta que Cataluña acabará el año con un déficit del 2% del PIB, seis décimas por encima de la media de las comunidades autónomas. Sin embargo, la Intervención General del Estado ha obligado a la Generalitat a incorporar en las cuentas de este año varios contratos público-privados de 2013 que elevarán el déficit en 1.318 millones de euros, equivalente a unos 0,7 puntos de PIB. Pero además, la Generalitat se quedará sin cerca de 50 millones previstos en el PEF después de que el Gobierno central los recurriera ante el Constitucional.

Pero ahora no es la consecución del objetivo de déficit la principal preocupación del Ejecutivo. Las arcas catalanas se están beneficiando solo parcialmente —en los impuestos propios, que son el 5% de la recaudación— de la recuperación económica por el sistema de anticipos en el que se basa la participación de las comunidades en impuestos estatales. Sin nuevos ingresos patrimoniales, la Generalitat depende más que nunca del Fondo de Liquidez Autonómico. Los pagos a farmacias y al sector sanitario han vuelto a demorarse ahora por la espera de una partida de 2.600 millones pendiente de ser aprobada.