Los detenidos daban cheques al tesorero en la sede del partido

Los empresarios detenidos por la trama del 3% acudían personalmente a pagar las presuntas comisiones ilegales al despacho del tesorero de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), Andreu Viloca, en la sede del partido en Barcelona. En su agenda informática, ahora en poder de los investigadores, Viloca anotó las fechas de las reuniones con los directivos de las constructoras catalanas investigadas. Estos acudían a su despacho en las oficinas del partido de la calle Córcega con un cheque o un talón, se reunían con el tesorero Viloca y este hacía el ingreso a continuación.

Los pagos de los empresarios eran, formalmente, donaciones a las fundaciones controladas por el partido: CatDem y la Fundació Fòrum Barcelona. Fuentes cercanas al partido ven “lógico y normal” que las fechas de las reuniones y de los ingresos a las fundaciones —tal como detalla la agenda— sean muy próximas. Cuando un empresario estaba interesado en financiar a la fundación, se concertaba una cita con Viloca y este se encargaba de administrar el dinero. En ocasiones, señalan las mismas fuentes, los pagos se hacían por transferencia bancaria.

La Fiscalía Anticorrupción y el juez de El Vendrell (Tarragona) que investigan el caso sospechan, sin embargo, que esas donaciones solo eran una forma de camuflar pagos al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública.

Viloca tomó el relevo de Daniel Osácar —imputado ahora en el caso 3% y, también, en el caso Palau por cobrar comisiones ilegales de la constructora Ferrovial— en 2010. Desde entonces, fue tesorero del partido y, al mismo tiempo, de las fundaciones, que en la práctica funcionaban como un solo ente. Los investigadores creen que Viloca era el ejecutor, pero obedecía órdenes de superiores en el partido que aún están por identificar.

La agenda, cuyo contenido avanzó ayer la Cadena SER, detalla los encuentros de Viloca con los empresarios. Otros documentos que constan en la causa, declarada secreta, recogen un total de ocho adjudicaciones concedidas a las empresas donantes entre 2009 y 2012. Esos papeles fueron hallados, en parte, en la trituradora que Viloca utilizó el pasado 28 de agosto, poco antes de que la Guardia Civil registrara su despacho en la sede de Convergència. En los papeles aparece una relación de obras adjudicadas y el importe de las presuntas mordidas, que según la emisora ascienden a 619.000 euros.

En una primera fase, la investigación se centró en adjudicaciones irregulares de Ayuntamientos controlados por CiU. Con la operación de la semana pasada —12 detenidos—, el caso ha alcanzado también a las adjudicaciones del Gobierno de Artur Mas. Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructures —la mayor licitadora de obra pública de la Generalitat— fue detenido y se encuentra en libertad con cargos. Como Viloca y el resto de detenidos, el juez les atribuye seis delitos: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos públicos y blanqueo de capitales.

Tras el escándalo, el presidente de Infraestructures.cat, Joan Lluís Quer, reunió ayer a la plantilla para trasladarle que, más allá de las investigaciones que afectan a la empresa pública, existe plena confianza en los trabajadores y en su trabajo. Sobre el futuro en la sociedad de su director general, está previsto que hoy se celebre un consejo de administración, según informaron desde el Departamento de Economía, del que depende la empresa. Otras fuentes consultadas explicaron que se prevé una toma de decisiones tras los registros de la semana pasada, que puede incluso acarrear la destitución de Rosell, informa Dani Cordero.