La agenda de Viloca recoge el pago de mordidas de siete empresarios a CDC

El tesorero de Convergència, Andreu Viloca, tenía en su poder una agenda que detalla reuniones con constructores a los que se cobraba comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública, según ha revelado esta mañana la Cadena Ser. El documento, que fue conseguido por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil en el operativo de la semana pasada, recoge detalles hasta ocho operaciones adjudicadas entre 2009 y 2012 de las que se identifica el constructor y las fechas de las reuniones. Según la emisora de radio, a partir de esos documentos es posible concluir la existencia de mordidas, que en algún caso alcanza hasta los 145.000 euros y que en total suman 619.000 euros. Todas las supuestas comisiones fueron pagadas a través de las dos fundaciones de Convergència, en este caso la CatDem.

Las nuevas informaciones extienden la mancha de la corrupción sobre obras adjudicadas por el Gobierno de Artur Mas en la sanidad pública y la educación, entre otras áreas. Los documentos fueron encontrados por los investigadores en la trituradora que Viloca tenía en su despacho y que han podido ser reconstruidos.

Viloca, que sigue en prisión provisional, mantenía las reuniones con los empresarios (todos ellos también detenidos la pasada semana aunque ya puestos en libertad con cargos). La Cadena Ser asegura que en estos encuentros se pactaban los pagos al partido incluso antes de que el resultado de las licitaciones fuera hecho público. En la agenda constan siete empresas implicadas en el caso 3%.  La documentación en manos de los investigadores revelan que las comisiones pagadas por los constructores alcanzan hasta el 7%. Las sociedades implicadas son Rogasa, dirigida por Joan Luis Romero Gamero; Tec Cuatro, de Antonio Garcia Bragado; la empresa Urbaser, cuyo directivo es Jordi Durán; la empresa Constraula, del grupo Teyco, propiedad de la familia Sumarroca; la constructora Copisa, de Xavier Tauler; el grupo Soler, de Jordi Soler; y el grupo Oproler, cuyo directivo es Sergi Lerma Verde.

Entre las obras llevadas a cabo por los constructores mencionados en la agenda de Viloca constan dos centros de atención primaria (CAP), uno de ellos adjudicado en Prats de LLuçanès a la empresa Rogasa y otro en Mataró al grupo Oproler. También un centro cívico construido por el Grupo Soler en Sant Fruitós de Bages y la redacción del proyecto de una estación de tren de alta velocidad en Girona, adjudicado a la empresa Tec Cuatro.

Otro de los grandes proyectos sobre los que CDC habría cobrado una mordida es el contrato de basuras de Olot (20 millones durante ocho años), adjudicado a una UTE de la que formaba parte una filial del grupo ACS (Urbaser), y el mantenimiento de varios centros escolares en Barcelona, ganados por la empresa Construaula del Grupo Teyco. La educación pública en Barcelona se ve también salpicada en la capital catalana por la corrupción en el caso de una adjudicación ganada por la constructora Copisa.