Convergència cobró el 3% por una obra en Sant Cugat que no se ejecutó

El Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona), el mayor municipio de los gobernados por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) entre 2007 y 2011, permitió a una unión temporal de empresas (UTE) rescindir unilateralmente una gran obra pública sin asumir compensación alguna. El complejo deportivo Mira-sol fue adjudicado en abril de 2008 por 4,9 millones de euros (sin IVA). Poco después, la contratista donó 67.000 euros a cada una de las dos fundaciones del partido, 134.000 euros en total (el 2,8% del contrato). La UTE fue incapaz de acabar la obra, pese a lo cual el Ayuntamiento le devolvió en 2013 la fianza.

La presencia de uniones temporales de empresas en las listas de donantes a las fundaciones de Convergènca —Fòrum Barcelona y CatDem— ofrece nuevas evidencias de los vínculos entre los contratos de obra pública y el pago de supuestas comisiones ilegales del 3% a CDC. Si con las grandes constructoras, con decenas de contratos conseguidos anualmente, resulta muy complejo establecer esta relación, el hecho de que las UTE sean sociedades constituidas para llevar a cabo un solo proyecto permite comparar de forma sencilla la cuantía de la donación con el importe adjudicado

Un caso es el de la UTE Centre Cívic Sant Fruitós, avanzado por este diario el pasado 10 de septiembre. En esa ocasión, la unión hizo una donación de 34.000 a la fundación CatDem poco después de ganar un contrato en 2009. Esa cifra asciende al 3% del coste del proyecto, 1,14 millones de euros.

Otro ejemplo es ahora el del complejo deportivo Mira-sol, cuyo contrato preveía la construcción y gestión del equipamiento durante 35 años por la UTE formada por Construcciones Pai e Instal.lacions de Lleure Esportiu Illa. Las actas de los plenos no reflejan incidencias destacables en la licitación, en cuya mesa de adjudicación también estaba la oposición.

PSC e ICV sí criticaron el proyecto por faraónico. “Mira-sol necesita una piscina, no este gran complejo”, lamentó Xavier Boix, de ICV. Salvador Gausa, del PSC, se quejó de que “en el concurso se debería haber separado obra y gestión; ponerlo todo en el mismo paquete, piedra y deporte, dificulta valorar la mejor oferta”.

CiU tiene mayoría absoluta en Sant Cugat desde 2007. En el momento de la adjudicación, el alcalde era Lluís Recoder, que fue sustituido por Mercè Conesa —actual alcaldesa y presidenta de la Diputación de Barcelona— al ser nombrado este consejero de Territorio en el primer Gobierno de Artur Mas a finales de 2010.

Tras su aprobación, el proyecto empezó a acumular retrasos a pesar de que tenía que estar acabado en 13 meses. El mayor problema fueron las dificultades de la UTE para encontrar financiación, lo que la llevó a abandonar las obras durante meses. En noviembre de 2011, tras varias prórrogas incumplidas, la sociedad instó al Ayuntamiento a resolver el contrato de mutuo acuerdo. El objetivo de la UTE era recuperar los 240.000 euros depositados como fianza al ganar el concurso y que el Consistorio le devolviera los 372.000 euros que se había gastado hasta entonces.

En un informe elevado al pleno en marzo de 2013, el Consistorio rechazó ambas peticiones por “legalmente inviables”, según la ley de contratos públicos. Era la UTE la que había abandonado la obra y, por tanto, “incumplido unilateralmente” el contrato firmado cinco años antes. Pese a ello, en una alambicada argumentación, el informe propone devolverle la fianza. “Aunque el abandono de las obras comportaría en principio el incumplimiento culpable del contratista [y la pérdida de la fianza], no es menos cierto que la buena fe de la concesionaria [...] ha de permitir modular las consecuencias del incumplimiento y mitigar el rigor aunque el contratista no haya podido cumplir con lo pactado”, recoge el informe.

La propuesta aprobada en marzo de 2013 preveía devolver la fianza a la UTE, pero a la vez exigirle 167.000 euros por las licencias de obras no satisfechas y 4.600 por el coste de reparación de una acera dañada. Ambas propuestas fueron votadas condicionada una a la otra, es decir, la UTE tenía que pagar las licencias si quería recuperar la fianza. CiU logró así el apoyo de la oposición.

La relativa placidez con la que el fallido proyecto pasó por los plenos se tornó en ira por parte de la oposición siete meses después. En el pleno de octubre, un nuevo informe municipal aceptó un recurso de la UTE para no pagar las licencias. El informe admitía “un olvido” que resultó ser fatal. En 2010, un decreto de la alcaldía había eximido a la UTE de pagar las licencias, pero este no fue incluido en el informe de marzo. La UTE lograba así quedar liberada del contrato pagando solo 4.600 euros por la acera rota.

“Hemos hecho el primo y el idiota”, resumió el edil socialista Ferran Villaseñor. “En marzo votamos a favor de que se pagase a nuestro Ayuntamiento 171.000 euros y ahora son 4.000. Y todo porque alguien olvidó incluir una documentación en lo que votamos. Ahora tendremos que devolver la fianza y no podremos cobrar las licencias”, denunció el Villaseñor.

Joan Calderón, de ICV, lamentó que “Sant Cugat se queda sin equipamiento y sin ninguna compensación”. Y Guim Pros, de la CUP, denunció “las facilidades que se han dado a la empresa para que deje de pagar por un incumplimiento de contrato”.

El Ayuntamiento declinó ayer ofrecer su versión, mientras CDC insistió en que “el Tribunal de Cuentas ha avalado la legalidad de todas las donaciones recibidas”. Este diario no logró contactar con las empresas de la UTE. La filial catalana de Construcciones Pai está liquidada y la matriz, situada en Madrid, no atendió a las llamadas. Servial, accionista de Instal.lacions Lleure Esportiu, también está en liquidación.

El papel de las fundaciones en la financiación del partido

El papel de las dos fundaciones de Convergència Democràtica de Catalunya en el cobro de supuestas comisiones del 3% ponen al partido en un aprieto en uno de sus flancos más importantes. CatDem y Barcelona Fòrum, que entre 2007 y 2013 recibieron casi 11 millones de euros en donaciones privadas —en su gran mayoría de empresas adjudicatarias de contratos públicos—, han impulsado en los últimos años dos de las grandes apuestas de CDC. La primera sentó las bases del giro soberanista del presidente catalán, Artur Mas. Barcelona Fòrum, por su parte, fue la plataforma que llevó a Xavier Trias a la alcaldía de Barcelona en 2011.

El caso Palau ya señaló el rol de CatDem en la supuesta financiación ilegal de CDC desde la constructora Ferrovial. Se trataba entonces de grandes adjudicaciones del último Gobierno de Jordi Pujol. El caso Teyco, investigado ahora por la Fiscalía Anticorrupción, pone el foco en obras hechas entre 2008 y 2010 por Ayuntamientos controlados por CDC, cuando el partido estaba fuera del Gobierno catalán. Sant Cugat —cuya alcaldesa es la presidenta de la Diputaciuón de Barcelona, Mercè Conesa— era el mayor de ellos, pero las investigaciones se extienden a Figueres, Lloret de Mar, Torredembarra y otros 12.

Las nuevas revelaciones llegan en un momento delicado para CDC. Junts pel Sí ganó el 27-S, pero se quedó lejos de la mayoría absoluta al perder nueve escaños respecto a los obtenidos por CiU y ERC por separado en 2012. La candidatura necesita ahora el apoyo de la CUP, pero la corrupción, contra la que esta formación tiene un papel muy activo, es el principal escollo.