Los asesores de Mas proponen abrir hospitales públicos a la privada

Los asesores del presidente Artur Mas en materia de salud han vuelto a poner sobre la mesa uno de los temas más controvertidos en el sector sanitario: la posibilidad de realizar actividad privada en los hospitales de la red pública. En un informe de julio de 2015, el Consejo Asesor para la Sostenibilidad y el Progreso del Sistema Sanitario (Casost) propone que todos los centros de la red pública, incluidos los del Instituto Catalán de la Salud (ICS), que gestiona ocho hospitales y el 80% de atención primaria catalana, se abran a la sanidad privada.

Sobre el esqueleto del modelo sanitario catalán, caracterizado por dar asistencia pública a través de centros de titularidad pública y privada (modelo mixto), los asesores de Mas han justificado la posibilidad de atender a pacientes de pago dentro de los hospitales que conforman el Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (Siscat).

Así, con el fin de dar “sostenibilidad” al sistema, el Casost propone “la realización de actividad privada en los centros del Siscat” y que las condiciones y prestaciones “sean iguales para todos los proveedores”, independientemente de cuál sea su titularidad —dentro del Siscat hay centros públicos, como los del ICS, consorcios, fundaciones privadas e incluso hospitales propiedad de grandes grupos empresariales—.

El Casost reconoce que esta opción “siempre ha generado debate y reticencias para aquellos que desconfían de la interacción público-privada” pero insiste en su informe en que “es factible un modelo que aproveche esta sinergia de forma éticamente correcta y económicamente rentable”.

Los asesores proponen realizar actividad privada en todos los hospitales públicos, independientemente de su titularidad

Los asesores del presidente rescatan así, con esta propuesta, las directrices que marcaba una instrucción que sacó el Departamento de Salud en marzo y acabó derogando a instancias del Parlament apenas dos meses después. En la instrucción, Salud recogía los supuestos en los que se podía realizar actividad privada en los centros del Siscat. El director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Josep Maria Padrosa, insistió en que la norma no modificaba la legislación, sino que simplemente “recordaba las reglas del juego”. Sin embargo, la oposición sacó adelante una moción en el Parlament para frenar estas prácticas. “Hasta que este tipo de prestación (…) no se haya debatido y consensuado en sede parlamentaria, no se puede llevar a cabo ninguna actividad privada que comporte retrasar o posponer la asistencia a pacientes del sistema sanitario de cobertura pública”, reza la resolución que deja sin efecto la norma.

Casost señala que la falta de “un aumento de la financiación pública del sistema sanitario” obliga a impulsar medidas como dar entrada a la sanidad privada en los centros públicos. El informe apunta que, a la hora de regular la actividad privada en el Siscat, hay que tener en cuenta, además de los servicios reconocidos en la cartera pública y de los que están fuera de ella, las “cesiones de espacios o recursos mediante alquiler de espacios o equipamientos no utilizados en ese momento por la pública”. Con este apartado, el Casost blinda una práctica muy común durante los años de Boi Ruiz al frente de Salud: los quirófanos que se cerraban por las tardes para la sanidad pública debido a los recortes, se abrían para pacientes de pago. Esta práctica generó, según las entidades sociales del sector, una sanidad a dos velocidades, una para pacientes públicos y otra para privados dentro de hospitales financiados por la Generalitat.

La propuesta blinda que se abran a pacientes de pago quirófanos cerrados por los recortes

Consciente de la posibilidad de que se establezcan dobles puertas de entrada en todos los centros, el Casost indica la necesidad de “garantizar una separación muy clara de la puerta de entrada y que las instalaciones y accesos a la actividad privada estén debidamente separados de la pública”. Los asesores se cubren las espaldas y matizan, además, que no puede ser el profesional que atienda al paciente en la pública el mismo que ofrezca la opción de acudir por la privada. El Casost quiere evitar así “que se induzca una demanda de servicios privados desde la pública”, tal y como sucedió, por ejemplo, con Justiniano Villarán, un paciente que pagó para ser operado porque su médico se negó a intervenirlo por la vía pública. El fiscal pide ahora cuatro años de cárcel para el facultativo por estafa.

El consejo asesor del presidente señala además que las listas de espera y los circuitos “han de estar claramente diferenciados entre la actividad pública y privada” y propone establecer “una lista de espera única para todos los centros del Siscat” y no una centro por centro como hay ahora. El Casost considera que la actividad privada ayudará a generar “mayor equidad entre unos y otros” porque “los pacientes que dejan la lista de espera para ser atendidos por la sanidad privada contribuyen a que los que se quedan en la lista sean atendidos antes”.

Los asesores de Mas instan a crear un código ético en cada hospital y evaluaciones continuas “para asegurar que la calidad y la equidad de las prestaciones públicas no se vean alteradas por la introducción de actividad privada”.