La juez del ‘caso Pujol’ pide a Andorra que diga ya si va a colaborar

La juez del caso Pujol ha pedido a Andorra que explique, de una vez por todas, si piensa enviar la información bancaria sobre la familia del expresidente catalán Jordi Pujol. En un escrito "recordatorio", la titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, Beatriz Balfagon, exige que se le informe sobre el "estado" de la comisión rogatoria que envió el pasado mes de diciembre. O, en todo caso, que se le expliquen "las causas que impiden su cumplimiento", según el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La magistrada recuerda que "las presentes diligencias se hallan pendientes únicamente de la contestación" a esa comisión rogatoria "para su prosecución". La Batllia andorrana aún no ha decidido si envía a España información sobre los movimientos bancarios de los Pujol, imputados en la causa por fraude fiscal. Esos datos son claves para que la instrucción siga adelante o acabe archivada, según fuentes del caso.

La magistrada quiere conocer el "estado" de la comisión rogatoria o que le expliquen "las causas" por las que no se cumple

El oficio fue remitido el pasado 29 de julio -antes de las vacaciones de verano- pero no se notificó a las partes hasta ayer. Es la cuarta vez que la juez exige información al respecto. La magistrada pidió los datos bancarios ante las sospechas de que los fondos regularizados por los Pujol en el verano de 2014 -tras la confesión del expresidente de que había mantenido oculta una fortuna en Andorra- puedan proceder de "abusos en la alta función pública" de Pujol.

El escrito fue enviado cuatro días después del primer aniversario de la famosa carta -de 25 de julio de 2014- en la que Pujol admitió que su familia había mantenido oculta al fisco una fortuna durante 34 años. Tras la querella interpuesta por Manos Limpias, la antecesora de la juez en el caso pidió casi de forma inmediata una comisión rogatoria a Andorra, que el país de los Pirineos rechazó de entrada: antes de dar la información, argumentaron sus autoridades, debían conocer si los fondos tenían un origen ilícito, ya que en Andorra no existe el delito fiscal como tal.

El momento cumbre del caso Pujol llegó el pasado diciembre: la nueva juez imputó al expresidente catalán; a su esposa, Marta Ferrusola, y a tres de los hijos (Pere, Marta y Mireia). Y, ante las sospechas de que los fondos ocultos pudieran proceder de actividades ilícitas, pidió información bancaria a Andorra, que aún no ha concretado si la enviará.

Según explicaron ante la juez todos los miembros de la familia Pujol, el dinero oculto (unos cuatro millones de euros) procede de una herencia que el abuelo paterno, Florenci Pujol, dejó a su nuera y a sus siete nietos ante el temor de que la actividad política de Jordi Pujol pudiera arrastrar a la familia a la ruina económica. La familia no ha aportado ningún documento que acredite esa tesis, aunque los investigadores tampoco han podido, por ahora y a la espera de los datos de Andorra que no llegan, desmontarla.