Un excargo de la ACA niega que pactara un contrato millonario

El exgerente de la Agencia Catalana del Agua (ACA) Joan Lluís Quer negó ayer ante la juez haber pactado de antemano la adjudicación de un contrato millonario a una empresa de su propiedad poco después de abandonar el organismo. Quer, que ejerce como presidente de Infraestructuras de la Generalitat, se desentendió de las reuniones que, según la Fiscalía, mantuvieron empleados de su empresa con cargos de la ACA y rechazó cualquier irregularidad.

Quer declaró como imputado ante la juez que investiga la adjudicación, por parte de la agencia, de un contrato de 7,6 millones de euros. Quer fue gerente del organismo durante el último gobierno de Jordi Pujol. En 2008, figuraba como representante de la unión temporal de empresas (UTE) que logró la adjudicación para unos trabajos de “consultoría y asesoría” sobre el estado de la cuenca fluvial en Cataluña. El contrato principal fue adjudicado por 3,75 millones, al que siguieron contratos complementarios por otros 3,93 millones.

Quer negó haber pactado la adjudicación con el entonces director de la ACA, Manuel Hernández. Fuentes de la defensa remarcaron que no eran amigos, que tenían tendencias políticas contrarias y que solo habían coincidido en jornadas profesionales por su condición de ingenieros. En ningún caso, aseguró el jefe de Infraestructuras ante la juez, mantuvo contactos con Hernández para hablar del concurso.

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, que se querelló contra Quer y otras 12 personas —incluidos varios exresponsables de la agencia— considera, en cambio, que la adjudicación fue “pactada y decidida previamente” de acuerdo con las empresas. Los expedientes, añade la Fiscalía, presentan “un cúmulo de irregularidades” que tenían como único fin beneficiar a la empresa de Quer, que obtuvo el contrato gracias a sus “relevantes conexiones políticas”, añade la querella.

El fiscal señala que hubo reuniones “previas” entre empleados de la ACA y de las empresas en las que se ofreció “información relevante sobre los futuros términos de la adjudicación”. Quer, defendido por el penalista Miguel Capuz, se limitó a afirmar que no estuvo presente en esas reuniones y que, de hecho, no tiene constancia de que se hayan celebrado. El imputado también defendió la “calidad” y la necesidad de los trabajos —nadie pone en duda, dice la defensa, que los trabajos se ejecutaron— porque eran necesarios para implementar, en Cataluña, una directiva europea del agua.