Los Pujol no estaban solos

El sábado de la pasada semana, 25 de julio, festividad de Santiago el Apóstol, se cumplió un año del escrito de Jordi Pujol comunicando a la opinión pública que su esposa, Marta Ferrusola, y sus hijos, tenían depositada una importante cantidad de dinero desde 1980 en bancos extranjeros debido a un legado, otorgado al margen del testamento, donado por su padre Florencio Pujol, fallecido aquel año. Pocos días antes de su confesión, se publicó la noticia de que se había descubierto en la banca andorrana unos fondos no legalizados a nombre de Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos cuyo origen estaba siendo investigado por la autoridad competente. En su escrito, Pujol no aportó prueba alguna, quizás pensó que bastaría la confianza en su palabra de honor.

Naturalmente, nadie le creyó, ni siquiera su hermana y su cuñado, y desde entonces no se ha averiguado con certeza mucho más pero la comparecencia de toda la familia Pujol y otros posibles implicados ante la comisión parlamentaria creada al efecto ha generalizado la convicción de que los fondos descubiertos en Andorra no está ligados al presunto legado originario sino a los negocios que parte de la familia ha llevado a cabo durante los últimos veinticinco años por su capacidad de influencia en la Administración de la Generalitat.

En realidad, la confesión de Pujol era la guinda que faltaba a una situación ya límite, basada no sólo en los insistentes rumores que circulaban sobre algunos hijos desde hacía muchos años, sino también, entre otros, por el caso Palau de la Música, un famoso escándalo, parcialmente probado por confesión de parte, que afecta directamente al partido de Pujol y es el motivo de que su sede esté embargada cautelarmente por el juez encargado del caso. Por tanto, el chaparrón que supuso la insólita confesión de Pujol caía sobre suelo mojado.

Por estas razones, y también por no aportar prueba alguna, nadie le creyó y su partido, también sus más cercanos colaboradores, de forma bastante cínica y desleal, se desmarcaron de su antiguo máximo líder, le dejaron solo y abandonado, le desposeyeron de sus cargos honoríficos y le obligaron a abandonar las prebendas inherentes a su situación de antiguo presidente de la Generalitat. De serlo todo pasó a no ser nada. Así es la vida, todavía más la política; así son también, a veces, los amigos, o los que considerabas amigos.

¿Razones de Estado justifican este trato? Quizás algunos puedan invocarlas: es comprensible que se intente mantener al margen, en lo que se pueda, al partido. Sin embargo, para amigos no hay justificación alguna: el espectáculo del “sálvese quien pueda” y “si te he visto no me acuerdo”, muy propio de la parte más oscura de la condición humana, ha sido revelador. Los presuntos implicados no son sólo los Pujol: detrás de ellos hay muchos más, que ahora no salen en la foto, se esconden y callan.

Cuando desveló su fortuna oculta, en su partido, y también sus más cercanos colaboradores, de forma bastante cínica y desleal, se desmarcaron de su antiguo máximo líder, le dejaron sólo y abandonado 

Es evidente que en los negocios que se hacen al amparo del tráfico de influencias siempre hay dos partes: el que influye y el que se deja influir. Este segundo forma parte del Gobierno o de la Administración Pública, puede ser un cargo político de primer rango (por ejemplo, ministro, consejero, director general) o un funcionario o asimilado, cargo de libre designación o interino. Un caso de corrupción siempre necesita la indispensable colaboración de aquel que calla y obedece, no a la ley, como es su deber, sino a una persona con poder —fáctico o legal— que en todo caso le manda hacer aquello que la ley no permite. Prevaricación se denomina a este delito.

Pero no sólo son imprescindibles los corruptos de la Administración sino también la parte de la sociedad que se beneficia de esta corrupción, aquella otra que aguarda su turno para beneficiarse y, por último, la que no la denuncia para no enemistarse con el poder y evitar represalias. Hay todo un mundo de empresarios, ejecutivos, profesionales liberales, miembros de sindicatos y patronales, que constantemente obtienen favores del poder a cambio de no denunciar sus tropelías. Estos son también responsables de la corrupción. Finalmente, están aquellos medios de comunicación que no pueden indisponerse con quien les subvenciona, ayuda, concede permisos a emisoras de radio y televisión, reparte arbitrariamente la publicidad institucional e, incluso, compra cada día miles de ejemplares de periódicos.

Pujol y familia no estaban solos.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional