CiU suelta lastre y deja caer a Crespo, acusado de cobrar de la mafia rusa

El caso Clotilde, que involucra al diputado de CiU Xavier Crespo  por presunto trato de favor a la mafia rusa a cambio de regalos, ha estallado de nuevo a los nacionalistas catalanes en plena campaña. El diputado autonómico anunció ayer su dimisión después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya fijado la fecha del inicio del juicio por los delitos de cohecho y prevaricación. La dimisión de Crespo llega cuando el Gobierno catalán había tomado la iniciativa de entrar en campaña electoral anunciando medidas para revertir algunos de los recortes más agresivos en la función pública.

Crespo, a quien se juzgará por hechos ocurridos mientras era alcalde de Lloret de Mar (Selva), se enfrenta a una petición de la fiscalía de dos años y medio de cárcel por los delitos de cohecho y prevaricación. Crespo aceptó, presuntamente, regalos de Andrei Petrov, el cerebro de una trama de blanqueo de capitales de la mafia rusa instalada en la Costa Brava. El entonces alcalde está acusado dar trato de favor a Petrov para construir un centro comercial y un aparcamiento en la localidad.

En una comparecencia en el Parlament, Crespo explicó que da un “paso al lado” en su actividad política y parlamentaria para afrontar el juicio y defender su inocencia ante los tribunales. Aunque Crespo ya sabe desde hace meses que deberá sentarse en el banquillo de los acusados, hay un hecho que ha precipitado la dimisión: el lunes, el TSJC fijó las fecha del juicio, que se celebrará del 3 al 15 de junio.

En CiU se daba por hecha la dimisión de Crespo desde que el pasado octubre se cerró la instrucción del caso. El diputado, sin embargo, ha esperado a anunciar su renuncia hasta recibir la notificaciónde apertura del juicio oral. Durante este tiempo ha contado con el apoyo absoluto de su partido, que defiende que en estos casos no se debe exigir la dimisión de nadie mientras no se abre juicio efectivo. El presidente del grupo de CiU en el Parlament, Jordi Turull, que acompañó a Crespo en el momento del anuncio, defendió al todavía diputado y su “honestidad personal y política”.

El exalcalde de Lloret aclaró que su intención es quedar como militante de base de Convergència Democràtica, porque “lo más correcto” en estos momentos es que sus cargos orgánicos en el partido queden de momento suspendidos.

En el escrito de acusación que redactaron hace casi un año, los fiscales piden que Crespo devuelva los presuntos sobornos que recibió de la trama, que abone una multa de 831.600 euros y que sea condenado, además, a una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos de 17 años. Entre los regalos del empresario ruso consta un viaje a Rusia para Crespo y su familia —con todos los gastos pagados—, un reloj valorado en 2.200 euros y el compromiso de patrocinar a los clubes de hockey y fútbol de la localidad.

Anticorrupción también pide dos años y tres meses de cárcel para el entonces concejal de Urbanismo, Josep Valls. Los fiscales concluyen que Crespo y Valls dieron “facilidades administrativas” a la empresa de Petrov para que construyera un centro comercial en la antigua plaza de toros. Entre los acusados también figura la arquitecta municipal Pilar Giménez, que puso en contacto al alcalde con el empresario ruso.

El caso Crespo volvió al primer plano de la agenda política justo el día que el Gobierno de CiU decidió entrar en campaña anunciando tres medidas en la línea de revertir algunos recortes y de dar un empuje a la acción exterior de Cataluña.

El consejero de la Presidencia y portavoz, Francesc Homs, destacó la idea de que la economía está mejorando y que esto permite tomar medidas como volver a contratar personal temporal. “En la medida que podemos, vamos revirtiendo las decisiones tomadas anteriormente porque el contexto económico ha mejorado”, insistió Homs. El acuerdo prevé no amortizar los puestos vacantes por jubilación, permite contratar personal interino “cuando no sea posible cubrir un puesto de trabajo indispensable con personal interno” y amplía los colectivos prioritarios a la hora de cubrir vacantes. El Consell Executiu también aprobó una reestructuración del Servicio de Empleo de Cataluña.

En clave territorial la Generalitat también ha decidido abrir dos nuevas delegaciones en el exterior. Se trata de Rabat (Marruecos) y la Ciudad del Vaticano. En ambos países el Gobierno catalán ya había tenido representación hasta 2004.