Cartujos y defraudadores
Más allá del viaje del maoísmo al fervor ‘business-friendly’, Sánchez Carreté es un cuaderno de bitácora de la Cataluña del pelotazo
La rectitud en la lucha contra el fraude se ha apoderado del corazón de los gobernantes. La proximidad de las citas electorales y el previsible correctivo ciudadano a la corrupción y a quienes la toleran ha hecho renacer el espíritu franciscano, mientras en la hoguera crepitan tarjetas black. La penitencia ha tomado el poder incluso iconográficamente, hasta el punto de permitir que una mano de policía acompañe el cogote de Rodrigo Rato a la hora de entrar en el coche tras ser detenido. La pena de telediario ha llegado hasta los referentes del PP.
Rajoy esgrime la actuación contra Rato como un ejemplo de transparencia, mientras en Cataluña es el propio Ejecutivo el que abre un buzón para denunciar a los defraudadores. El calvinismo fiscal se ha apoderado del gobernante medio. Cualquiera diría que, siete siglos después, los fraticelli se aprestan a triunfar sobre la corrupción del poder del dinero. Ha llegado la hora de la penitencia y el arrepentimiento. Y las cabezas de los Pujol y Rato, tras el pedagógico auto de fe, huelen a hoguera en la plaza pública. Está por ver, sin embargo, si todo este movimiento justiciero se limitará a la punta visible del iceberg o se trata de un auténtico propósito de enmienda.
Lo más recomendable es desconfiar de las apariencias, como lo hacía Voltaire del pretendido rey filósofo Federico de Prusia, en cuya corte, decía, hay un número prodigioso de bayonetas y muy pocos libros. El profesor Jordi Matas Dalmases escribía en este periódico que una quinta parte de los consejeros de Jordi Pujol estuvieron imputados en presuntos casos de corrupción, entre ellos más de la mitad de los titulares de Economía. Con estas credenciales bueno es ponerlo todo en cuarentena y por lo menos desconfiar de los sacrificios que se realizan desde los círculos del poder en el altar de la anticorrupción.
Se trata de ir más allá en el combate por la salud democrática y horadar la superficie. Para comprender la magnitud de la empresa, las declaraciones del asesor fiscal de la familia Pujol desde 1983, Joan Anton Sánchez Carreté, ante la comisión parlamentaria que investiga el fraude en el Parlament son un auténtico cursillo acelerado de cómo la ingeniería legal y financiera actúa como salvavidas en el mar de la corrupción.
Más allá del chiste fácil sobre su viaje del maoísmo devoto al fervor business-friendly —un trayecto muy común entre los dirigentes comunistas chinos—, el Sánchez Carreté de los últimos 30 años es un auténtico cuaderno de bitácora de la Cataluña del pelotazo con inevitables vínculos políticos. Y es que, además de a los Pujol, ha sido asesor áulico a modo medieval de buena parte del gotha financiero catalán: Casinos de Cataluña, Tipel, Ibusa, Iberia de Seguros, empresas eléctricas … Su voz ha aconsejado durante decenios a Artur Suqué, propietario de Casinos. De hecho, lo hacía cuando la firma fue demandada por desviar unos 3.000 millones de pesetas a la financiación de Convergència. El asunto fue, sin embargo, archivado porque, a tenor de lo fijado por el Tribunal Supremo en el caso Filesa, no podía ser considerado delito. El juez aseguró que no investigó más “por prudencia” y por la falta de iniciativa de la fiscalía. Las balas silbaban sobre su cabeza, pero ni siquiera fue citado a declarar como testigo. Una exitosa conjunción astral.
Sánchez Carreté también auxilió a Isidor Prenafeta —primo del secretario de presidencia Lluís Prenafeta— y a su compañía Tipel, de la que Artur Mas fue director financiero (1980-1984), y que acabó en quiebra.
El asesor fiscal de los Pujol fue en cambio condenado en 2003 a dos años de cárcel y 1,2 millones de euros de multa por un delito contra la Hacienda Pública. En 1991, por una operación de compraventa de dos centrales eléctricas cerrada en un día se obtuvo una plusvalía de 679 millones de las antiguas pesetas. El Gobierno colectivista de Rodríguez Zapatero lo indultó parcialmente en 2009 y le rebajó de dos años a uno la condena.
En el currículum de Sánchez Carreté no podía faltar el llamado caso Hacienda, otro jalón de oro de la cultura del pelotazo. El asesor de los Pujol se sentó en el banquillo de los acusados por un turbio asunto en el que empresarios e inspectores de la Agencia Tributaria defraudaron al erario público unos 13 millones de euros. Fue condenado a dos años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial y seis meses de inhabilitación para cargos públicos por cohecho pasivo. El Tribunal Supremo le absolvió de falsedad documental y se quedó con dos meses de arresto y dos años de suspensión. Suma y sigue en la suerte con la justicia.
Citado como testigo en la investigación abierta a Jordi Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional, Sánchez Carreté apareció en la lista Falciani por mantener una cuenta en Suiza. El pasado 20 de abril y ante el Parlament, el asesor fiscal comparó a Falciani con el empresario Javier de la Rosa, otro amigo de los Pujol en anteriores encarnaciones. “Ambos [Falciani y de la Rosa] robaron datos para venderlos”, aseguró con aplomo democrático ante la comisión investigadora. Ahí y en mostrar documentalmente su inocencia se extendió Sánchez Carreté. Pero mantuvo su anunciado “silencio cartujano” ante gran parte de las preguntas, incluyendo si había sido asesor del padre de Artur Mas. "Secreto profesional", respondía lacónicamente.
La fiebre anticorrupción no ha contagiado a Sánchez Carreté, que no tiene entre sus proyectos inmediatos llevar el espíritu cartujano más allá del cómodo voto de silencio. No vaya a ser que la suma austeridad de la orden acabe con el prestigio de uno de los oráculos fiscales del pelotazo.
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