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El vicealcalde de Alicante alaba una contrata de Enrique Ortiz investigada

Andrés Llorens defiende ante el juez a dos técnicos imputados por prevaricación El responsable de la adjudicación tenía a dos hijos empleados en otra mercantil del empresario

El vicealcalde de Alicante y concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, defendió ayer en un juzgado de instrucción a los dos técnicos municipales, Diego Agulló y Víctor López, investigados por prevaricación en la adjudicación de la contrata de limpieza del cementerio de la ciudad, que gestiona Enrique Ortiz y que supone otro caso judicial más en el que se investiga un presunto trato de favor al empresario.

La declaración de Llorens, procesado en otra causa por la que el Fiscal le pide tres años de prisión, es la última diligencia practicada por el juzgado de instrucción número uno antes de que su titular, Sebastián Hoyos, decida si abre juicio oral contra los técnicos. Uno de ellos, Víctor López, jefe de servicio de Atención Urbana ya jubilado, tenía a dos de sus hijos trabajando en una de las empresas de Ortiz y fue el director de la prescripción del concurso.

El contrato siempre ha estado bajo la sospecha de la oposición, que pide la municipalización del servicio, y desde sus inicios en 2010 fue investigado judicialmente tras la denuncia de Multiservicios Tritón.

Llorens incidió en la existencia de dos informes que justifican la adjudicación, uno de Intervención y otro de Asesoría Jurídica. Ambos se pidieron a sabiendas de la polémica que arrastraba la adjudicación, admitió el edil al fiscal. Esta se licitó en dos ocasiones, la primera anulada tras la querella de Multiservicios Tritón, que concurrió al concurso con una oferta que suponía para las arcas municipales un ahorro de casi 52.000 euros con respecto a la de Ortiz. Como en el primero, en el segundo concurso resultó ganador Ortiz.

Un técnico polémico

Víctor López, a quien Llorens alabó su profesionalidad, está acusado de prevaricación y falsedad documental junto al concejal por el caso Magallanes. Ambos se enfrentan a una petición de fiscalía de entre tres y cuatro años de prisión por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación de unas obras de la plaza que da nombre al caso. Además, a López se le investiga por la adjudicación del contrato de infraestructuras festivas a la empresa Isjoma.

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La contrata de limpieza del cementerio está previsto que vuelva a licitarse, según los planes del Ayuntamiento. Sería el segundo servicio de limpieza junto al de colegios y dependencias municipales que no se le prorroga a Ortiz desde que Miguel Valor es alcalde. El empresario ha copado en los últimos 20 años los contratos de limpieza más importantes de la ciudad y provincia de Alicante, lo que ha sido criticado por el sector de empresas de limpieza en fechas recientes.

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