La factura pendiente del consejero Blasco

La Generalitat valenciana ha sido condenada en dos semanas a pagar 675.000 euros por el trato discriminatorio que la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía dispensó a dos ONG, Solidaridad Internacional del País Valenciano y Asamblea de Cooperación por la Paz, en la etapa en que Rafael Blasco dirigía el departamento. Pero hay pendientes cinco recursos más, basados en los mismos principios, que pueden elevar la cantidad total a pagar a 1,6 millones de euros. Las ONG valencianas celebran las sentencias, aunque advierten de que si los fallos firmes se ejecutan a costa del “exiguo presupuesto” destinado este año a la ayuda al desarrollo, que suma 1,1 millones, la convocatoria se quedará a cero.

Cuando Blasco —condenado en mayo pasado a ocho años de cárcel por desviar ayudas— era consejero (2007-2011), el área de cooperación llegó a manejar más de 20 millones.

El éxito en la impugnación del reparto de subvenciones que firmaba el exconsejero es atribuible en buena medida al abogado Raúl Vidal. El letrado encontró la vía que ha llevado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano a condenar reiteradamente a la Generalitat a pagar proyectos que denegó en su día. El argumento de las sentencias es el mismo: las decisiones se tomaron sin “motivación” y con “arbitrariedad”. El primer recurso que presentó, de la ONG Atelier, será resuelto por el TSJ en mayo. El tribunal tiene sobre la mesa también recursos de Fiadelso y otro de Solidaridad Internacional del País Valenciano.

La Coordinadora de ONG pide a la Generalitat que no agote el presupuesto de cooperación con el pago de las sentencias

Vidal no había trabajado hasta 2011 en el campo de la cooperación. Pero tenía experiencia en el área administrativa. “Cuando me enseñaron las primeras resoluciones les dije enseguida que me parecían nulas o anulables de pleno derecho. No hacía falta entrar en la parte técnica, que refuerza la tesis, simplemente no estaban motivadas. Se repartían 20 puntos en la convocatoria sin indicar qué criterios o baremos se había utilizado”, explica.

Los 20 puntos se concedían en función de la adecuación de los proyectos presentados por las ONG “a los objetivos y prioridades de la política de la Generalitat”. Un criterio que la justicia no cuestiona en sí mismo, sino en tanto que solo era una frase. Ni las bases de la convocatoria ni las resoluciones indicaban por qué un proyecto era merecedor de 20 puntos y otro de cero.

En opinión del abogado ese hecho denotaba que el de la cooperación era un colectivo poco dado a recurrir. “En tales casos la Administración se relaja y puede llegar a extremos como este, donde se concedía y se denegaba sin fundamento”.

"Había que dar batalla. Blasco no había encontrado una respuesta a la altura", afirma la responsable de Atelier

Uno de los motivos que llevaron a Atelier a impugnar, según su fundadora Consuelo Vidal, fue acabar con esa dinámica. “Pensamos que había que dar batalla porque el conseller Blasco no se había encontrado con una respuesta a la altura necesaria por parte de las ONGD, pese a que habíamos detectado ya algunas resoluciones arbitrarias”.

Cuando Atelier interpuso los recursos, en 2011, EL PAÍS ya habían publicado los primeros indicios sobre irregularidades en ayudas concedidas por Blasco a dos proyectos en Nicaragua por importe de 1,6 millones. Unos hechos por los que el exconsejero y cinco cargos del Consell han sido condenados a prisión, aunque el fallo ha sido recurrido al Tribunal Supremo.

La responsable de Atelier añade que en la convocatoria “aparecían entidades que no conocíamos de nada, después de llevar 21 años en la cooperación en Valencia, y sí recibían ayudas”. Algunas de esas ONG están inmersas hoy en las piezas dos y tres del caso Blasco.

El abogado Raúl Vidal consiguió que el tribunal aceptase que un perito revisase esos expedientes sospechosos y los comparase con los denegados. El dictamen de la jefa del departamento de ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) consideró irregulares los 20 puntos ligados a la adecuación de los proyectos a las prioridades de la Generalitat. Y redujo la puntuación técnica obtenida por las entidades desconocidas mientras elevaba la de las recurrentes.

Fernando Contreras, responsable territorial de Oxfam y presidente de la Coordinadora Valenciana de ONG, hace una valoración “positiva” de las sentencias. “Confirman que la coordinadora acertó cuando denunció que aquellas resoluciones eran arbitrarias. Proyectos de ONG de larguísima trayectoria que se quedaban fuera, sin poder salvar vidas y generar progreso en los países del sur, porque los fondos iban a organizaciones, que no eran ONG, creadas específicamente con ese objetivo”.

La coordinadora ha pedido a la Generalitat que no pague las condenas con los fondos de cooperación porque ello consumiría el presupuesto de 2015. Una portavoz de la Consejería de Bienestar Social afirma que se está “estudiando y valorando con prudencia” la petición.