Puig se desvincula de la corrupción y defiende con ahínco a Pujol Ferrusola

Felip Puig, cuatro veces consejero de la Generalitat y uno de los dirigentes al que se ha vinculado con el sector de los negocios de CDC, ha defendido este lunes con vehemencia su dilatada hoja de servicios en la política. Durante las tres horas que duró su comparecencia en la comisión de investigación del caso Pujol, Puig resaltó hasta la saciedad que nunca había sido imputado y que Hacienda tampoco le había investigado. También recalcó que carecía de cuentas en el extranjero y que no ha tenido vínculos empresariales ni con Jordi Pujol Ferrusola, ni con dos de sus hermanos, a los que sí ha inculpado la justicia.

La oposición le reprochó la vehemencia, la falta de autocrítica y el relato impoluto que hizo Puig de su carrera política, iniciada a los 18 años, cuando se afilió a Convergència. “Por todas partes por donde ha pasado, ha habido ruido de corrupción. Quizás es que se acerca demasiado a la gente que delinque”, le espetó el diputado de ICV Marc Vidal. “Usted solo busca la destrucción política”, le replicó el consejero, que defendió que cualquiera particular, incluido el hijo del expresidente, pueda optar a la contratación de la Generalitat.

Felip Puig relató que su amistad con Júnior se inició a los seis años, cuando coincidieron en el colegio y que aún mantienen, pues el consejero proclamó que confía en su inocencia y en las explicaciones que ha dado. Jordi Terrades, del PSC, insistió en ello: “Hace años aprendí a no poner la mano en el fuego por nadie”, le espetó el consejero. En varios momentos y con aspecto circunspecto, Puig proclamó la “consternación” que le produjo la confesión de Jordi Pujol sobre la fortuna oculta en el extranjero. “Un tema ético o de valores”, dijo, para referirse a lo que en realidad podría ser un fraude o un delito fiscal, aunque sí reconoció que sería “mucho mejor para todo el mundo” que se demostrara el origen del dinero. Después reclamó separar “lo que es la herencia familiar de la herencia política” del expresidente, del que dijo que la historia resituará en su sitio.

En otro momento Puig admitido que cuando fue secretario de organización o secretario general adjunto de CDC y acudía una empresa a ofrecerle sus servicios, los enviaba a los ayuntamientos donde gobernaban. “Eso tiene un nombre”, le espetó el diputado del PP Santi Rodríguez para señalar lo que podría ser un delito de tráfico de influencias. “Nunca le dije a un alcalde que contratara a una empresa”, precisó luego Puig.

El consejero también repitió que solo ha viajado a Andorra cuatro o cinco veces en su vida, y siempre para esquiar, porque, según dijo, no tiene cuentas en aquel país. “Nunca he mezclado la actividad pública con la privada y no he permitido que se empleara información privilegiada”, repitió en otro momento para insistir en su honestidad.

Negó con rotundidad que hubiera cobrado 250.000 euros en comisiones del Palau de la Música, como aseguraba un informe apócrifo de la Udef. “El daño que provocan los titulares de diario no se reparan”, dijo, aunque admitió que no ha prosperado ninguna de las querellas o demandas que ha presentado en defensa de su honor. “La justicia siempre ha invocado la libertad de información”, afirmó.

Puig se presentó como integrante de una familia que atravesó dificultades económicas -“muy diferente a la posición acomodada que tenían los Pujol”- y defendió la actividad económica de su hermano Jordi con la empresa d Pujol Ferrusola. También justificó la contratación de su cuñada en los servicios jurídicos, de la que dijo que ya trabajaba para la Generalitat diez años antes de que él llegara a la consejería de Política Territorial. Y puestos a justificar, admitió haber nombrado a dedo en el Departamento de Empresa a Núria Betriu, esposa del exdirector de la Policía Manel Prat, al que Puig puso cuando fue consejero de Interior.

Después de Puig declaró el empresario Sergi Alsina, imputado en el caso de las ITV, y quien aseguró que cuando pidió a su “amigo” Oriol Pujol que le facilitara contactos en la Generalitat, lo hizo de “buena fe” para reducir el impacto de las deslocalizaciones. Por la mañana, la comisión de investigación escuchó a puerta cerrada la polémica grabación del restaurante La Camarga entre la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez camacho, y la examante de Júnior Victoria Álvarez. Los diputados del PSC y de ICV no acudieron orque la grabación la entregó Jordi Pujol Ferrusola.