La censura de la Intervención General, clave para los agentes

Uno de los pilares sobre los que se asienta la investigación de los cursos de formación son los informes provinciales de la Intervención General de la Junta, que el año pasado censuraron las subvenciones concedidas a las empresas a través de las delegaciones provinciales de Empleo entre 2009 y 2012. Y para ello, en las últimas semanas la Guardia Civil ha interrogado a los ocho interventores que elaboraron estos informes y algún alto cargo de la Intervención General para comprobar la perspectiva y los pasos tomados por los funcionarios.

En los informes, la crítica sobre el procedimiento seguido por las delegaciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) es generalizada desde los interventores. Eso sí, los funcionarios alertan de irregularidades administrativas, ni siquiera contables. El paso al terreno penal ha sido iniciativa de la Guardia Civil y la juez Mercedes Alaya, que consideran que estas disfunciones implican malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude de subvenciones.

El informe más contundente es el emitido el pasado junio desde Huelva, que denuncia cómo “la falta de seguimiento de los procedimientos establecidos han ocasionado un menoscabo de los fondos públicos”, y no una “malversación de fondos” como por error informó ayer este diario. El interventor Miguel Ángel García justifica esta alerta de menoscabo en la concesión y justificación de subvenciones “sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa reguladora”. Entre los errores, destaca cómo “ninguno de los expedientes de compromiso de contratación” de la muestra que seleccionó el interventor “ha concluido con el contrato de los trabajadores en las condiciones establecidas en la resolución”, lo que podría traducirse en un fraude, así como el “importante retraso en el examen” por los funcionarios de la documentación justificativa de las subvenciones. Además, censura el funcionario la falta de cumplimiento por parte de las autoridades en su deber de exigir “el reintegro a las entidades beneficiarias por las cantidades percibidas y no justificadas adecuadamente”.

Por último, el interventor critica que las autoridades del SAE en Huelva no establecieran sanciones por “las infracciones cometidas”. Todas estas irregularidades, el funcionario estima que podrían ser causa de “responsabilidad administrativa”. La conclusión del interventor es que la entidad “no ha cumplido con la legislación que le es aplicable”, el mismo argumento utilizado por la interventora de Cádiz, Nieves Chao, para cerrar su informe. Esta funcionaria destaca irregularidades como que de los 55 expedientes seleccionados en el muestreo realizado, solo 12 poseían “alguna documentación justificativa que permitiera la comprobación de los mismos”.

Los ocho informes provinciales tienen incorporadas las alegaciones aportadas por el SAE, la mayoría de ellas no aceptadas por los interventores. Tras estos informes definitivos, la cúpula de la Intervención General podía barajar la emisión de un informe de actuación que alerte de un menoscabo de fondos, pero dado que han transcurrido ya nueve meses, no parece que sea la opción elegida.

El SAE disponía de seis meses para presentar un informe de seguimiento de las recomendaciones del interventor. Dado que la Consejería de Educación asumió las competencias de formación, es la administración responsable. Un portavoz de Educación rechazó ayer confirmar si existe dicho informe para marcar las nuevas pautas de funcionamiento.

Por su parte, fuentes de la Junta subrayan que todas las ayudas concedidas por Empleo en esos años —la última convocatoria de subvenciones fue en 2011— contaron con fiscalización previa. Es decir, para efectuar el primer pago desde el SAE, los interventores habían dado su conformidad de que eran ayudas regladas. Otra historia muy distinta fue la vigilancia y el control de la justificación de las ayudas por parte de la Administración, corazón de las graves acusaciones de la investigación judicial.