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Alaya acusa a la Junta de generar una “red de clientelismo político”

La juez cree que el Gobierno andaluz utilizó los cursos de formación para lograr apoyos

Cursos de Formación Ampliar foto
La exdirectora general de Formación María José Lara entra a declarar. EFE

La juez Mercedes Alaya acusa a la Junta de Andalucía de crear “una red de clientelismo político” a través de los cursos de formación que subvencionó. Es la grave afirmación que incluye la magistrada en alguna de las imputaciones de los altos cargos de la Junta detenidos en la Operación Barrado, dentro de la investigación que dirige sobre los cursos de formación. La juez considera que desde la Consejería de Empleo andaluza se impartían “órdenes” a las distintas delegaciones provinciales “para que no se controlara el dinero”.

Es decir, Alaya estima que existía una intencionalidad por parte de la cúpula de Empleo para que las empresas, que recibían subvenciones año tras año para impartir los cursos de formación, estuvieran exentas de su obligación de justificar las ayudas recibidas. La fórmula empleada fueron las exoneraciones, cuya legalidad defiende la Junta, y que permitían a las empresas recibir nuevas subvenciones sin haber justificado las del año anterior, dada la falta de funcionarios para fiscalizarlas. “Se habla de una orden de arriba en la consejería para facilitar el clientelismo”, explican fuentes del caso.

Los técnicos que ejercían las labores de vigilancia desde la Dirección General de Formación afirman que desconocen que existiera esa intencionalidad para hacer la vista gorda, pero sí admiten que en ocasiones no se turnaban ciertas visitas a las empresas por falta de presupuesto en la consejería para gasolina y dietas.

Los años a los que atañe las graves acusaciones de Alaya, no están aún claros. Pero si la investigación completa atañe a una década, las censuras de la Intervención General se concretan entre 2009 y 2012, periodo en el que estuvieron al frente tres consejeros: Antonio Fernández, Manuel Recio, y Antonio Ávila.

La juez ha tomado declaración la noche del miércoles y la madrugada anterior a las primeras responsables políticas, a las que ha dejado en libertad con cargos tras acusarles de malversación, prevaricación y fraude. En la lectura de las imputaciones, la magistrada ha subrayado esa acusación contra el Ejecutivo de disponer de una “red de clientelismo político” ante los detenidos y sus abogados, en una causa que permanece bajo secreto sumarial.

La magistrada ha dejado en libertad con cargos a las primeras ocho detenidas que comparecieron en su juzgado. Entre ellas, la delegada de Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, las exdirectoras generales de Formación María José Lara —con una fianza civil de más de un millón de euros— y Teresa Florido, junto a la responsable del consorcio de Mijas (Málaga), María de la O Ustarán, para quien la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de seis millones. Alaya también ha decretado libertad para la ex directora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela, la exdelegada de Empleo en Granada, Marina Martín, y la exdelegada de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda.

Mientras, un abogado ha denunciado a la exdelegada de Empleo en Jaén, Irene Sabalete, que ha salido asimismo en libertad con cargos, por supuestas amenazas recogidas en una grabación oculta. En la cinta, la exdelegada amenaza presuntamente a sus subordinados si no hacían campaña para que el PSOE ganara las elecciones autonómicas de 2012. Sabalete ha solicitado este miércoles la baja como militante del partido socialista.

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