La juez rechaza apartarse de la causa de los cursos de formación

La juez Mercedes Alaya ha censurado a la Junta por coincidir con los intereses del PSOE en la causa de la formación, después de que el Gobierno andaluz pidiera excluir a la magistrada de dicha investigación por convertirla en una “causa general” que prohíbe la ley. La instructora carga contra el Gobierno andaluz, personado ante el perjuicio a las arcas públicas, por mantener una pretensión “impropia de su condición procesal” al emplear argumentos similares al partido socialista, que elevó una denuncia contra Alaya ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

“Un principio de unidad de intereses contrario a la condición de parte acusadora de la Junta y un inexplicable interés en que los hechos sean investigados en otro juzgado, teniendo en cuenta el resultado indiciariamente positivo de otras investigaciones previas”, subraya Alaya en el auto, que cinco meses después, responde al escrito de la Junta para intentar apartarla del caso. La juez avisa sobre los próximos pasos que tome el Gobierno como perjudicado: “Será la Junta la que con sus actuaciones procesales defina su posición en el proceso”.

Tras diversos encontronazos en el caso ERE, el pasado octubre la Junta abrió el frente de la causa de la formación y presentó un escrito para apartar a la instructora del caso. Según el Ejecutivo, Alaya contravino diversas normas de reparto en la causa de la formación que instruye y por tanto vulneró el derecho al juez natural predeterminado por ley, al remitir al testigo clave del caso, el funcionario Teodoro Montes, a la Guardia Civil en vez de que al juzgado de guardia.

Ahora Alaya tumba los argumentos presentados por la Junta, que recurrió su decisión ante ella en vez de apelar ante la Audiencia de Sevilla. Y lo hace de manera definitiva, ya que la magistrada indica que no cabe recurso ulterior. Para diversos juristas el Ejecutivo erró al basarse en el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para fundamentar su recurso.

Las críticas de Alaya a la Junta en el caso de formación se suman a las ya expresadas en el caso ERE. “Nada se descubre por reconocer la ambivalente posición de la Junta de Andalucía como acusación (...) La ausencia de reacción adecuada frente a la situación de menoscabo de fondos públicos”, censura la juez