El informe que vetó Sanidade pide a la Xunta el fin de la desigualdad sanitaria

El informe de los expertos de la comisión de bioética del Sergas inicialmente censurado por la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, un veto que provocó la dimisión de la mitad de este órgano consultivo, insta a la Xunta a “revertir” la situación de desigualdad generada con la publicación del decreto estatal de 2012 que suprimió la universalidad histórica del sistema de salud. El documento, bajo el título de Desigualdad en la asistencia, hace hincapié en que la nueva norma, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy unos meses después de ganar el PP las elecciones y que nunca ha sido cuestionada por la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, garantiza “solo” la asistencia sanitaria completa “a aquellas personas que tuviesen la condición de aseguradas o beneficiadas”. El informe, finalmente difundido con el visto bueno de la conselleira tras el escándalo provocado por la renuncia en cadena de sus asesores, alerta de que con el Real Decreto Ley 16/2012 “se sacudieron el valor superior de la igualdad recogido en el artículo 1.1 de la Constitución española y el derecho fundamental a la salud”.

Contrariamente a la afirmación que realizó el presidente de la Xunta el lunes pasado en Ourense (insistió en que no se refería a Galicia, sino al Sistema Nacional de Salud; “no tiene nada que ver con la sanidad gallega ni con sus recursos”, destacó), los expertos de la comisión, designados por la conselleira y presididos por el director de Asistencia Sanitaria del Sergas, Félix Rubial, ponen de relieve la necesidad de hacer partícipe de su “valoración negativa” de esta norma “a la Consellería de Sanidade y al Servizo Galego de Saúde a quien asesora”, a quienes reclaman además su intervención para acabar con las “desigualdades derivadas del contexto actual y de las desigualdades preexistentes”.

Los especialistas concretan su oposición a “la precariedad” que genera la supresión del derecho que garantizaba la universalidad de la sanidad. En el informe hacen constar que, dos años después de la modificación de la ley sanitaria, estaba justificada la “pertinencia ética del análisis” realizado. Y aun cuando reconocen que perciben que sus efectos están siendo “parcialmente paliados” por el “esfuerzo de diferentes agentes y colectivos”, entienden que ello “no deroga esta norma con fuerza de ley, ni cambia su mandato”, motivo por el que reclaman la intervención de la Xunta para “revertir” la situación en Galicia.

En las conclusiones del informe cuya publicación Sanidade quiso evitar, los asesores de la conselleira le recuerdan “la obligación ética de mantener un sistema sanitario que no solo disminuya las desigualdades en salud, sino que trate de eliminar las desigualdades injustas”. La comisión pide que “las políticas sanitarias dictadas por la Administración sanitaria gallega se orienten cara al objetivo de lograr la equidad”.

El documento difundido ayer en la web del Sergas no entra en detalle de las desigualdades detectadas por el órgano asesor en la sanidad pública gallega. El informe fue aprobado el 17 de septiembre pasado por la Comisión Galega de Bioética, presidida por Félix Rubial, director de Asistencia Sanitaria del Sergas. Formaban entonces parte de este órgano Juan Antonio Garrido Sanjuán como vicepresidente, Teresa Conde Cid, como secretaria, y los vocales Begoña Aldamiz-Echevarria Iraurgui, M.ª Concepción Almanza Madera, José Ramón Amor Pan, Rosendo Bugarín González, Natalia Cal Purriños, Fernando Domínguez Puente, Mariana García García, María Victoria Lojo Vicente, Ángel Alfredo Martínez Ques, Elena Monteoliva Díaz, María Ponte García, Antonio Rodríguez Núñez y Mónica Suárez Berea.

La polémica por el veto a este informe ha provocado que Sanidade se plantee cambios en el funcionamiento y composición de la comisión de bioética. Así lo acordó la conselleira con sus miembros el pasado martes, en una reunión que duró tres horas y media y en la que Rocío Mosquera dio marcha atrás a su decisión de no publicar el informa sobre desigualdad en la sanidad.