Querella criminal del fiscal de Álava contra los seis promotores de Hiriko

El fiasco del proyecto Hiriko llega a los tribunales y sigue así la senda de Epsilon después de su paso por la comisión de investigación del Parlamento. La decisión de la Fiscalía de Álava se produce en un momento político de especial relevancia, a las puertas de las elecciones locales y forales y en medio de una sombra espesa de casos de corrupción también en Euskadi. Esta decisión llega cuando todavía en la capital alavesa sigue sin haberse concretado cuándo comenzará el juicio por el denominado caso De Miguel, en el que también se verán inmersos cargos y simpatizantes del PNV. 

Ahora, la querella criminal se presenta contra seis personas físicas que promovieron y gestionaron Hiriko, el fallido proyecto de coche eléctrico, por los presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales otros. Este proyecto recibió casi 18 millones de euros en ayudas públicas. El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, confirmó a la agencia Vasco Press la interposición de esta querella ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Vitoria. El juez tiene ya en su poder las 35 carpetas de documentación acumuladas durante el año largo de investigación llevada a cabo por Izaguirre.

El juez deberá ahora analizar el contenido de la querella para, si lo estima oportuno, admitirla a trámite, proceder a la toma de declaración a los seis denunciados y llevar a cabo todas las diligencias que estime oportunas con el fin de obtener toda la información necesaria para arrojar luz sobre el caso. Luego llegaría el momento de decidir la apertura de juicio o su archivo.

Hiriko fue uno de los proyectos tecnológicos estrella de la industria vasca de los últimos años y consistía en la fabricación de un vehículo eléctrico biplaza plegable con tracción y dirección a las cuatro ruedas.

Sus promotores fueron un grupo de empresarios alaveses en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). El proyecto fracasó y los planes para comenzar la fabricación del coche tuvieron que ser suspendidos por falta de financiación. Ello derivó en la pérdida de los casi 18 millones de euros de dinero público recibido a través de ayudas y subvenciones: 15 millones de euros procedentes del Gobierno de España tras ser negociados por el PNV y 2,7 millones del Gobierno vasco.

Este hecho llevó al Parlamento vasco a investigar la concesión y uso de este dinero público. Una comisión analizó el caso junto al también fallido proyecto Epsilon y concluyó que Hiriko fue financiado casi en su totalidad con recursos públicos y que las patentes fruto de la investigación e innovación pagada con esos recursos "corren el riesgo de quedar en manos privadas".

También sostiene que el Gobierno vasco careció de una falta de visión estratégica al no haber apreciado “los riesgos en relación con la necesidad de homologación del proyecto Hiriko”.