La ‘comisión Pujol’ abre una causa general contra la corrupción

La inestable situación política que vive Cataluña no ha disuadido al Parlament de crear una comisión de investigación sobre el fraude fiscal y la corrupción, incluida la confesión del expresident Jordi Pujol, y aprobar la comparecencia de 200 personas para que testifiquen sobre escándalos políticos de las últimas décadas.

La creación de la comisión se ha convertido en una causa general contra la corrupción en Cataluña, insólita en una Cámara legislativa española, en la que se pretenden esclarecer los asuntos más turbios de los 23 años del pujolismo, pero también los que afectan al PP y a los socialistas: desde el saqueo del Palau de la Música, que investiga un juez, o el caso Pallerols, sobre financiación irregular de Unió Democrática, ya juzgado, a la trama Gürtel, el caso Petroria de corrupción urbanística que también investiga la Audiencia Nacional o el caso Mercurio, de corrupción urbanística en el área metropolitana de Barcelona. Otros comparecientes han sido llamados para explicar el caso del espionaje de la agencia Método 3, la trama de las ITV o el caso Adigsa, el cobro de comisiones por la rehabilitación de viviendas públicas de Cataluña.

La comisión corre el riesgo de hacer bueno el refrán —“Quien mucha abarca, poco aprieta”—, pero la mayoría de los partidos parecen dispuestos a afrontarlo. Así se entiende que casi todas las comparecencias hayan sido propuestas de manera conjunta por formaciones tan diversas como los independentistas radicales de la CUP, un partido defensor de la unidad de España como Ciutadans, los ecosocialistas de Iniciativa per Catalunya o Esquerra Republicana.

El PSC se alió en principio con CiU, pero rectificó y votó con esas formaciones una segunda tanda de comparecencias, incluida la del presidente catalán, Artur Mas. Al final, no pudo aprobarse porque ERC salió en auxilio de los nacionalistas y vetó la citación. Sí prosperó la llamada a la comisión de los exjefes del Ejecutivo Felipe González y José María Aznar, pese al voto en contra de socialistas y populares.

La relación de citadose incluye a Jordi Pujol; su esposa, Marta Ferrusola, y seis de sus siete hijos. Tres están imputados y es previsible que esgriman esa condición para mostrarse parcos en sus explicaciones. La comisión pretende que acudan los próximos 22 y 23 de diciembre. Hasta ahora, solo se ha celebrado una reunión con la comparecencia de un experto.

También se ha llamado a declarar a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal; los ministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro; los exministros Ángel Acebes y Pedro Solbes, los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta o Luis Bárcenas —este en prisión provisional— o Jorge Moragas, jefe de gabinete de Rajoy. El Estatuto de autonomía establece la obligatoriedad de acudir a declarar a una comisión de investigación y el Reglamento delParlamento catalán fija que si una persona desatiende el requerimiento, la Mesa de la Cámara dará cuenta a la fiscalía. Sin embargo, el mismo Reglamento precisa que la comparecencia a una comisión de investigación solo se puede requerir en cuestiones en que la Generalitat sea competente.

Los socialistas defienden que la comisión debería centrarse en los negocios de la familia Pujol, pero no quieren que se les acuse de un “pacto de silencio” con CiU y de ahí su rectificación. “Nosotros no obstruiremos la presencia de los comparecientes”, afirma el diputado del PSC Jordi Terradas. Los nacionalistas, por su parte, apuntan que no tienen nada que esconder y abogan por “un país limpio, no de justicieros”, defiende la representante de CiU Meritxell Borràs. El PP cree que la comisión “ha de levantar las alfombras, pero las que pisamos nosotros”, opina el diputado Sergio Santamaría. El análisis de Esquerra es que CiU “pretende salpicar a todo el mundo” y de ahí que propusiera y prosperase el nombre del republicano Josep Lluís Carod-Rovira, exvicepresidente de la Generalitat.

Ciutadans y la CUP defienden levantar todas las alfombras pasadas y presentes. Por eso se ha aprobado también que acudan el empresario Javier de la Rosa, los saqueadores confesos del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull, el juez prevaricador Lluís Pasqual Estevill; el abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, Joan Piqué Vidal, pero también los exalcaldes socialistas de Sabadell y de Santa Coloma de Gramenet, Manuel Bustos y Bartomeu Muñoz, que están imputados por la justicia.