“Cuando hay voluntad la corrupción se investiga en plazos razonables”

Rafael Bonmatí (Valencia, 1962) es el nuevo decano del Colegio de Abogados de Valencia. Especializado en Derecho civil y mercantil desde hace 29 años en un despacho que fundó a mediados del siglo pasado su padre, fallecido recientemente, Bonmatí sucede a Mariano Durán, a cuyo equipo ha pertenecido.

Pregunta. ¿Cuál es su proyecto para el colegio?

Respuesta. Uno de mis objetivos es rebajar la cuota un 10% en dos años. Quiero que toda la formación básica que reciban los colegiados sea gratuita y la puedan recibir en sus ordenadores o en sus dispositivos. Y la formación especializada, que sí sea cotizada. Y queremos implantar un sistema de certificación de especialidades. En otros sectores profesionales se reconocen las especialidades pero en la abogacía no. De forma que el abogado que acredite experiencia sobrada en una materia concreta, por ejemplo porque ha llevado determinado número de asuntos de familia, o de propiedad industrial o de derecho marítimo, se le pueda reconocer. Otra vía de conseguir lo mismo será mediante cursos de formación en universidades.

P. ¿En qué situación están los abogados?

R. Igual que el resto de ciudadanos. Somos profesionales, en su mayoría autónomos y la crisis nos ha afectado a todos. Los impagos nos afectan a todos y la menor actividad también. Hay un decalaje, porque nos llegan los asuntos al final, cuando ya se han enconado, entramos los últimos en la crisis y saldremos los últimos.

P. ¿Le preocupa que la justicia europea prohíba la colegiación obligatoria?

R. Como abogado no. Sé que nos constituiremos en asociación y nos dotaremos de los mismos servicios de los que disfrutamos. Ahora bien, los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, actúan con facultades delegadas de la Administración. Y la organización del turno de oficio, el control deontológico, y la formación de los abogados conviene que la tengan los colegios. Creo que la colegiación obligatoria es una garantía para la ciudadanía. De esa manera, el abogado está sometido a un control deontológico superior al que hace la Administración en materia de consumo. Y tiene un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de 300.000 euros. Si desregularizas todo, corres riesgos. Por eso creo que quien persigue la desaparición de los colegios no sabe la función que cumplen.

P. ¿Quién cree que busca su desaparición?

R. Yo creo que fundamentalmente se debe a las teorías neoliberalizadoras de Europa y que aquí nos traslada el amigo (Luis) De Guindos (ministro de Economía).

P. El Colegio de Abogados de Valencia criticó mucho al anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. ¿Qué opina de su sucesor?

R. Creo que Gallardón pasó por el Ministerio de Justicia como Atila, el rey de los hunos. Tuvo la virtud de ponernos a todo el mundo jurídico de acuerdo. El actual (Rafael Catalá) es ficha nueva y está por descubrir, pero por el momento ni una mala palabra ni una buena acción. Personalmente creo que todas las reformas que promovía Gallardón estaban mal planteadas y mal orientadas.

P. ¿A cuáles se refiere?

R. A la de colegios profesionales, la de justicia gratuita y a la reforma de los partidos judiciales. Y medalla de honor para su ley de tasas: dijo que la recaudación era para la justicia gratuita y se ha quedado la pasta y no hemos visto un clavo.

P. El turno de oficio ha sido un foco de tensión de los abogados y el Consell. ¿En qué situación está?

R. El turno de oficio tiene un problema social y es que falta conciencia ciudadana de que es un servicio público como lo es la justicia en general. Los ciudadanos no se lo exigen suficientemente a los políticos. Y para los políticos la justicia no es un servicio público sino un mal necesario. Ninguno, de un color o de otro, hacen la dotación presupuestaria necesaria porque la justicia no da votos. La justicia y el turno de oficio están infradotados. Y no es admisible que en un Estado social y democrático de derecho los ciudadanos menos favorecidos tengan a los profesionales peor retribuidos, aunque su calidad y formación sea la misma que la del resto. Estas cosas tienen que ir a cargo del presupuesto, no de la vocación de los abogados.

P. Su predecesor llegó a decir que rompía relaciones con la Generalitat por este motivo. ¿Cómo lo afronta usted?

R. Desde la lealtad institucional, tenemos que hacer es defender a los letrados, a los ciudadanos y el derecho de defensa. Tenemos que seguir siendo exigentes y que la retribución del turno de oficio entre dentro de los umbrales de la dignidad.

P. ¿Ahora no lo está?

R. Ahora es absolutamente indigno. El conflicto no se ha solucionado y la excusa siempre es la misma, las limitaciones presupuestarias.

P. La justicia ocupado un espacio muy importante en la actualidad valenciana debido a los escándalos de corrupción. ¿Qué ha pasado para llegar hasta aquí?

R. Yo creo que no solo hay crisis económica sino crisis institucional. La monarquía, la Iglesia, el Estado, los partidos… Estamos en tiempos de cambio. La justicia tiene ahora más notoriedad porque llegan casos que se produjeron hace años. Pero la justicia, aunque es implacable y yo estoy convencido de que igual para todos, va a paso de tortuga.

P. ¿Por qué va tan lenta?

R. Porque no tiene medios. Un ejemplo, resulta que el caso Terra Mítica se le asigna a un juez, gran profesional, pero que además de esa megainstrucción tiene que sacar adelante los asuntos ordinarios de su juzgado. O es un héroe, que lo es, o lo reventamos. Sin embargo, para el caso Emarsa sí designaron un juez, un fiscal y personal. De forma que cuando se da dotación presupuestaria, es decir, cuando hay voluntad, los tiempos son rápidos, son razonables.

P. ¿Quién es el responsable?

R. El problema es de todos. Porque los jueces y los secretarios dependen del Ministerio de Justicia, pero la dotación de medios materiales y la retribución de los funcionarios de los juzgados dependen de las comunidades autónomas. Y ni uno ni las otras están por la labor, y a sus presupuestos me remito.

P. ¿Qué opina de Podemos?

R. Creo que está canalizando la insatisfacción social. La ciudadanía ve que los partidos clásicos no son capaces de revertir la situación. Por ejemplo, los viajes en el Senado. Es una tomadura de pelo que sean los partidos quienes controlen a sus partidarios. Eso tiene que ser público y tiene que conocer la ciudadanía en qué se gastan nuestros políticos los impuestos que a todos nos cuesta mucho pagar.

P. ¿Le preocupa el nuevo partido?

R. No, lo bueno de Podemos es que está canalizando todos estos impulsos ciudadanos, y la ira y el encono por cauces políticos. Porque es políticamente como se solucionan las cosas en una democracia.

P. Va a limitar el periodo en que se puede ser decano a un solo mandato de cuatro años. ¿Por qué?

R. Porque hay suficientes letrados en Valencia como para ocupar el puesto, y creo que en cuatro años lo que se tenía que hacer se hace. Supondrá rotación, innovación, frescura, nuevos aires y eso creo que es una práctica sana. Estar, servir e irte.