Las grietas de la Transición española

En un clima de inmensa expectación, Catalunya celebró el 9N un proceso de participación en el que ciudadanos y ciudadanas manifestaron en las urnas su opinión sobre el futuro político. Una respuesta cívica a un modo impositivo de gobernar.

Al 9 de Noviembre se ha llegado como consecuencia de múltiples factores pero, a mi entender, la incomprensión de los gobiernos sucesivos del PP o del PSOE sobre la realidad plurinacional del Estado ha jugado un papel imprescindible. La falta de respuesta a las demandas de la sociedad catalana ha puesto en evidencia las grietas del proyecto constitucional del 78 que se diseñó bajo las premisas de “un federalismo imperfecto” y que, en lugar de avanzar y progresar hacia su pleno desarrollo, ha ido retrocediendo hasta llegar a un centralismo insoportable del que además se siente orgulloso. Los sucesivos avatares del Estatut han activado a una sociedad catalana cuyo movimiento hoy es imparable.

Especialmente alarmante es comprobar cómo el Gobierno central ha afrontado la realidad del 9N, que no ha hecho más que evidenciar el fracaso de un modo de hacer política. La negativa a abordar con los instrumentos de la política lo que estaba ocurriendo en Cataluña ha alimentado las filas del independentismo y encrespado los ánimos de una sociedad que, aun así, ha hecho del 9N un acto de civismo ejemplar. El gobierno español no ha dudado en calificar la consulta catalana como ilegal, sin haber dado la más mínima oportunidad para llevarla a cabo de manera acordada, vinculante y con garantías plenas. La misma noche electoral argumentaba que el 9N carecía de valor político, cuando si algún valor especial atesora la consulta es el del civismo de sus más de dos millones de ciudadanos y ciudadanas votando y sus más de 40.000 voluntarios acreditados en el proceso y velando por él. Esa sociedad catalana y madura tiene derecho a obtener una respuesta política a sus reivindicaciones y esa respuesta no es otra que votar al amparo de la ley. Porque no es preguntarle a la sociedad lo que la divide, sino no tomar en serio sus reivindicaciones y no dar cauce legal a las mimas. Eso es lo que divide a la sociedad y debilita la democracia.

Una consulta legal y acordada con el Gobierno del Estado es el único camino que podría de nuevo resituar el debate y permitiría escuchar sin distorsiones todos los argumentos a favor o en contra de la independencia. Porque el camino emprendido por el Gobierno español solo ayuda a arrumbar el ya debilitado sistema del 78. No son los independentistas, pues, los que lo debilitan sino la incompetencia del Gobierno central respecto a las cuestiones territoriales del Estado.

Es hora ya de reformar en profundidad la Constitución con más ejercicio de democracia. No se trata ya de una labor de maquillaje del sistema ni de rejuvenecimiento del mismo, sino de su renovación profunda. Ya no se pueden aplicar las recetas del viejo modelo del 78, que, de una parte, se va desmoronando por los efectos de una corrupción sistémica y, de otra, se ve acuciada por el desafecto de ciudadanos y de las distintas identidades que conforman un estado plurinacional. Seguir mirando al presente con los ojos del pasado es un empeño vano porque la sociedad catalana ha perdido el miedo de manera directamente proporcional a como los gobiernos del PSOE primero y el PP después se han ido vaciando de credibilidad. La reforma que plantea el PSOE aunque llega tarde es bienvenida, pero ha de hacerse a fondo y debe ser creíble. Ya no cabe más que mirar a la sociedad a fondo para saber hasta dónde llega la dimensión de la grieta y para saberlo no hay método más democrático que preguntarle con todas las garantías de la ley.