Antifraude vincula la Marina Port Vell al blanqueo de capitales

El presidente de la OAC, Daniel de Alfonso, asegura que el dinero, proveniente de Rusia, llegó al inversor a través de “sociedades pirata” de islas Caimán y Malta

Barcos amarrados en el Port Vell.
Barcos amarrados en el Port Vell. carles ribas

A la Marina Port Vell le crecen los problemas. A las protestas de los vecinos de Ciutat Vella y parte de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona se suman ahora las conclusiones de la investigación de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) para conocer el origen del dinero destinado a financiar la nueva marina de lujo, uno de los principales proyectos privados de la ciudad. El director del ente fiscalizador, Daniel de Alfonso, cree que la financiación de la nueva marina es irregular.

“Estoy seguro al 100% que es una operación de blanqueo de dinero”, reveló ayer De Alfonso en una entrevista en El matí de Catalunya Ràdio. El director de la OAC explicó que detrás del préstamo de 30 millones de euros que Salamanca Group consiguió para adquirir la concesión de la Marina Port Vell hay varias sociedades “pantalla” creadas en las islas Caimán y Malta.

El Ayuntamiento defiende la inversión de Salamanca Group

De Alfonso aseguró que el dinero de la operación procede de Rusia, y que llegó a Salamanca Group por medio de una red de dos sociedades “ficticias”, una de ellas creada en las islas Caimán. Según el director de la OAC, esta empresa, que ya había sido condenada por un tribunal del archipiélago caribeño, desapareció en el momento en que “dejó” el dinero al grupo inversor. Asimismo, según las investigaciones del ente fiscalizador, la red “utilizó otra sociedad pirata” de Malta que solo tenía un euro de capital social y contaba con un solo miembro, “recién licenciado en Psicología”.

La OAC investiga desde abril, tras la denuncia presentada por un consignatario británico, el origen de los 30 millones que el grupo británico Salamanca Group pagó a Global Vía —formada por FCC y Caja Madrid—, Nyesa Valores Corporación y el Puerto de Barcelona para conseguir la concesión de la Marina Port Vell.

La operación se completa con la inversión de 25 millones más para la construcción de 162 amarres para megayates de hasta 120 metros de eslora, un gimnasio y un spa. De Alfonso firmó el día 12 de mayo un decreto por el que ordenaba el secreto de la investigación para blindarla de intromisiones políticas.

Daniel de Alfonso
Daniel de Alfonsotejederas

La operación fue aprobada en 2010 por la Autoridad Portuaria, entidad que gestiona el puerto y que está presidida por Sixte Cambra (CiU). Antoni Vives, también de CiU y tercer teniente de alcalde de Barcelona, es el vicepresidente del Consejo de Administración. Se trata de un organismo público adscrito al Ministerio de Fomento con representación de los Ayuntamientos de Barcelona y El Prat de Llobregat, la Generalitat, la Cámara de Comercio y los sindicatos.

La ley que regula el funcionamiento de la OAC, organismo del Parlament, impide a Antifraude la investigación del delito de blanqueo de capitales. De Alfonso aseguró ayer que ya ha enviado un informe al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). Ahora será este órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Economía quien verá si en estos hechos hay indicios de delito, y en ese caso de ser así, remitirlos a la fiscalía o la policía.

La OAC sí que tiene potestad para esclarecer el papel que han jugado las Administraciones públicas en todo el proceso. De Alfonso explicó que tanto la legislación española como la europea eximen a los Ayuntamientos de la obligatoriedad de denunciar posibles delitos de blanqueo de dinero.

A pesar de que la concesión de la Marina Port Vell cambió a manos de Salamanca Group con el consentimiento de la Autoridad Portuaria, fue el Gobierno municipal encabezado por Xavier Trias el que le dio el último impulso en 2013, cuando aprobó la modificación del plan especial urbanístico con el apoyo del PP.

Fuentes del Ayuntamiento quisieron recordar ayer que esta operación se formalizó en 2010, cuando el bipartito de PSC e ICV gobernaba Barcelona y Jordi Valls (PSC) presidía la Autoridad Portuaria. El Consistorio, de todas formas, asegura tener el “máximo respeto” por el trabajo de la OAC.

La empresa estudia sus opciones legales contra el director de Antifraude

En los últimos años, tanto Trias, como el tercer teniente de alcalde, Antoni Vives han apoyado la inversión, e incluso han participado en su promoción. Cuando el Ayuntamiento aún no había aprobado la modificación urbanística que autorizaba la remodelación del puero deportivo, Vives viajó a Mónaco para promocionar el Clúster Naútico de Barcelona. En su intervención, el tercer teniente de alcalde ya habló ante inversores y agentes de la propiedad de la nueva marina con estas palabras: “Si vienes a Barcelona verás que las obras avanzan a buen ritmo. Junto con nuestros amigos de Marina Port Vell estamos empujándolo para que el próximo verano la veáis”.

Vives no ha sido el único en salir a defender la inversión del grupo británico. Pocos días después de que se conociera que Antifraude concluía que el dinero de la operación era “opaco”, el propio Trias defendió el proyecto. Durante el acto de colocación de la primera piedra de la Marina Vela, otra instalación para 136 yates de hasta 40 metros de eslora a pie del hotel W, el alcalde tildó de “extraordinario” el trabajo de Salamanca Group. “Digan lo que digan, es increíble su esfuerzo y su apuesta por Barcelona”.

Poco después, el alcalde acudió a un almuerzo organizado por Marina Port Vell, a la que, además de los máximos representantes del Ayuntamiento, de la Autoridad Portuaria y de Salamanca Group, acudieron representantes de la Cámara de Comercio, del Círculo de Economía y de diferentes medios de comunicación.

Desde la empresa inversora británica rechazaron ayer “las acusaciones vertidas” por de Alfonso. El grupo invesor aseguró que “la utilización de estructuras corporativas y financieras complejas o sofisticadas no puede ser consideradas como algo ilegal o ni siquiera irregular”. Asimismo, fuentes de Salamanca Group tildaron de “inaceptables” las palabras del director de la Oficina Antifraude, y avanzaron que la compañía está estudiando cuáles son sus "opciones legales" con respecto a estas declaraciones.

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