Alerta roja, pinares en peligro

La alarma saltó los primeros días de octubre. El cerro del ermitorio de la Magdalena, el paraje natural símbolo del origen de la ciudad de Castellón, estaba infectado. Un pequeño escarabajo había acabado con el 5% de los pinos. La actuación de urgencia comenzó el viernes pasado con la colocación de trampas y continuará esta semana con la tala de los árboles afectados que puede dejar la zona sin pino alguno. El causante de esta plaga es el tomicus destruens, un pequeño escarabajo que está acabando con miles de pinos en toda la Comunidad Valenciana en una plaga sin precedentes. Hasta la fecha, son 98 los municipios afectados: 50 en Valencia, 40 en Castellón y ocho en Alicante.

El insecto es autóctono de la zona, pero nunca hasta ahora su ataque había sido tan devastador. "En la temporada 95/96 tuvimos un fenómeno bastante similar, pero no tan importante como este (…) La plaga ahora es mucho más virulenta", explicaba el jefe de la sección de Sanidad Forestal de la consejería de Medio Ambiente, Eduardo Pérez, en una entrevista a Radio Castellón. Pérez cifró en varios miles los pinos que se tendrán que talar.

La principal causa es la sequía, que ha debilitado los pinares y facilitado así la expansión de este insecto. Pero los ecologistas también apuntan a otra segunda causa. “Se ha desmantelado el servicio de control y vigilancia de plagas", dice Carles Arnal, portavoz de la comisión forestal de Acció Ecologista-Agró. Esta agrupación, junto con UGT-PV, atribuyó el avance del tomicus destruens a los despidos en Vaersa en febrero de 2013. El grupo socialista en el Ayuntamiento de Castellón critica que no se han invertido los 425.000 euros consignados en los presupuestos de los tres últimos años para la gestión del paraje de la Magdalena.

La consejería anunció a finales de septiembre que destinaría 200.000 euros para la puesta en marcha de unidades de control y trabajo para evitar la propagación de la plaga en doce bosques. La actuación se completó con una orden el 3 de noviembre donde se declaró obligatorio y de utilidad pública el tratamiento contra esta plaga en 98 municipios. En ella se fija como tratamiento obligatorio la poda y descortezado o la extracción del monte de los árboles afectados. Además aconsejan la colocación de trampas para la captura del insecto, pero no lo hacen obligatorio.

“La orden es muy difusa y nos preocupa mucho cómo se va a actuar", alerta Arnal. Desde la organización Acció Ecologista-Agró insisten en que el método es la tala y descortezado in situ, pero el alto coste, indican, puede llevar a los consistorios a tomar otras alternativas más económicas como la contratación de empresas externas de biomasa. El coste, como han calculado algunos ayuntamientos, es más reducido pero conlleva una tala menos controlada. Arnal explica que existe el riesgo de que estas empresas opten por arrancar o talar los árboles y desplazarlos sin retirar la corteza, con el consiguiente peligro de mover por el territorio los troncos infectados.

Los alcaldes de las zonas afectadas denuncian la nula información que les llega desde la Generalitat.