La Audiencia Nacional investigará el hotel de la Xunta en Monterrei
Medio año después de iniciarse la conversión del castillo en parador, el Gobierno improvisó una norma para regularizarla
El Ministerio de Hacienda tiene 20 días para hacer llegar a la Audiencia Nacional el expediente completo de la cirugía que le practicó a su propio texto legal de 2009 para adaptarlo a conveniencia del Gobierno de Feijóo. La sala de lo Contencioso-Administrativo número 7 ha notificado a los vecinos de Monterrei la admisión a trámite del recurso que presentaron contra este, cuando menos aparatoso, lifting legal por el que el Gobierno central se avino a adaptar una orden ministerial para dar cabida y regularizar en la fortaleza que corona el municipio la existencia de un parador de turismo que se empecina en construir y costear la Xunta de Galicia.
Aquella primigenia orden ministerial fijaba los usos a los que el Gobierno gallego debería dedicar el Castelo de Monterrei, cedido por Patrimonio del Estado para que la Xunta promoviese una serie de fines culturales y sociales: la creación de un “centro de divulgación, innovación y promoción de la moda, el vino y las aguas medicinales de la comarca, restauración y musealización de los edificios y archivo de las tradiciones de frontera y pueblos próximos”. Pero el año pasado Paradores de Turismo y la Xunta acordaron torcer el destino de este Bien de Interés Cultural. La Axencia Galega de Turismo, dirigida por Nava Castro y directamente dependiente de Núñez Feijóo, encargó a dos arquitectas el proyecto para adaptar varios de los inmuebles que conforman la acrópolis, los más singulares y monumentales, al negocio hotelero. Corría el último trimestre de 2013.
Los trabajos, adjudicados a Dragados por procedimiento negociado sin publicidad, comenzaron enseguida como si tal cosa. Al parecer solo los vecinos de Monterrei y Verín, que lo denunciaron, veían algo anormal en el hecho de que una Administración emprendiese unas obras contrarias a las condiciones impuestas para la cesión del inmueble por otra Administración que es la verdadera propietaria. Pero todavía hubo que esperar seis meses a que el Ministerio de Hacienda, responsable de Patrimonio del Estado, aprobase una nueva orden relativa a los usos del bien cedido a la Xunta.
El 27 de junio de 2014, el Gobierno dio luz verde al nuevo texto ampliado que nacía para sepultar al de 2009. La orden ministerial, publicada el 1 de julio, venía servida con el añadido necesario para regularizar la situación de las obras que, viento en popa pese a la fuerte oposición del pueblo, están transformando la acrópolis mejor conservada de Galicia en un exclusivo parador de turismo con una docena de suites. Este nuevo alojamiento construido en los edificios del castillo a cargo de los presupuestos de la Xunta para ser entregado luego a Paradores abrirá sus puertas, además, a 500 metros de otro parador que ya existe, el de Verín. Este permanece casi medio año cerrado por ser el más deficitario de España.
El Valedor pregunta qué gana Galicia al pagar el hotel que luego dará a Paradores
Los vecinos, organizados en torno a la Plataforma Cidadá en Defensa do Castelo y el Foro Monterrei, consideran que fue la contestación social la que obligó a ministerio y Xunta a improvisar sobre la marcha la modificación del texto legal para que el uso hotelero encajase como anillo al dedo. Ahora, según la nueva redacción ministerial, se amplían los fines para “poder dedicar el inmueble, además de a los [usos] establecidos (...), a la promoción del turismo a través de actuaciones concertadas con la administración turística estatal (Turespaña y Paradores de Turismo, SA)”. Así lo explicaba el subdirector general de Patrimonio del Estado en un escrito de respuesta a los vecinos que cayó como un jarro de agua fría en Monterrei.
Pero la investigación que ahora abre la Audiencia no es la única buena noticia que han recibido en los últimos días los defensores del uso público del castillo mientras contemplan alarmados cómo avanzan las obras del hotel. El mes pasado, el Consello da Cultura Galega publicó un contundente informe, todavía sin respuesta de la Xunta, en el que se alinea con la causa de los vecinos. Y por si esto fuese poco, el Valedor do Pobo acaba de reclamar también a la Axencia Galega de Turismo que “aclare cuales son las ventajas de esta operación [la construcción del hospedaje] para la Xunta al financiar íntegramente una obra para ceder gratuitamente su explotación”, acto seguido, a Paradores. También le pide que explique en qué se “fundamenta” esta “importante inversión pública” y le exige “estudios técnicos y económicos que acrediten su impacto en la dinamización de la comarca”, el argumento que siempre utiliza la Xunta, sin aportar un dato, para defender su hotel en el castillo.
José Julio Fernández, el Valedor en funciones, pregunta además a la Xunta por el asunto que ha caído en la Audiencia Nacional: “Por qué motivo”, cuestiona, se encargó el “proyecto de rehabilitación de la fortaleza para su acondicionamiento como parador y se adjudicó la obra sin tener autorizado ese uso, al no darse, según parece, ningún motivo de urgencia”. Por último, quiere que Turismo le diga cómo va a “articular” la actividad del hotel con “la gestión unitaria del conjunto monumental”, respetando los fines culturales por los que se cedió al inicio, y que son “en todo caso, preferentes”.
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