Alaya rectifica y ‘permite’ a la policía investigar los cursos de formación

Nueva rectificación de la juez Mercedes Alaya. Hace una semana la magistrada dictó un auto por el que exigía a la policía que dejara de investigar los cursos de formación en Andalucía, para que la Guardia Civil acapare en solitario las pesquisas. Tras la estupefacción de los sindicatos policiales por el agravio, pero sobre todo por la polémica generada al ignorar Alaya a los otros 17 jueces que investigan en paralelo los cursos subvencionados por la Junta en las ocho provincias andaluzas, la magistrada rectificó y dictó una providencia que matizaba su exigencia inicial para apartar a los agentes y lograr que estos interrumpieran “de inmediato” sus actuaciones.

Después del sorprendente auto, Alaya pidió entonces al director general de la policía, Ignacio Cosidó, que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se abstuviera de avanzar en investigaciones que no estuvieran judicializadas. Es decir, si en un principio la juez exigió a la policía que le entregara todas las diligencias practicadas por “invadir ilegítimamente parcelas de investigación que le son ajenas”, poco después limitó las pesquisas a las que realiza la policía al margen de los juzgados, de manera previa a que se presente denuncia ante la fiscalía. De este modo, Alaya evitaba colisionar frontalmente con el resto de jueces, uno de los cuales, el titular del Juzgado de Instrucción 8 de Málaga, ya le había advertido de que no le enviaría su investigación de la Operación Edu mientras permaneciera secreta. Sin embargo, fuentes policiales aseguran que dichas investigaciones sin judicializar son inexistentes en la comunidad, por lo que la orden de la juez tendría un efecto nulo.

Ambas resoluciones sucesivas de Alaya —auto y providencia— se recibieron al mismo tiempo en la Dirección General de la Policía. “Si estamos trabajando con otros jueces, obviamente no cesamos en las pesquisas hasta que ellos nos lo ordenan”, subrayan fuentes policiales. Ni Cosidó ni los portavoces de la policía han contestado a la polémica generada por el auto de Alaya a lo largo de la semana. Hasta ayer, cuando aclararon que las órdenes del resto de jueces instructores andaluces son tan imperativas como las de Alaya. Eso sí, sin censurar las decisiones de la magistrada. “No valoramos resoluciones judiciales”, puntualizaron.

La policía mantiene abiertas en la comunidad nueve investigaciones a las órdenes de nueve jueces. Uno por cada provincia a excepción de Cádiz, donde dos instructores examinan posibles fraudes a través de los cursos de formación. Estos nueve jueces son la mitad del total de 18 instructores que ha contabilizado la fiscalía. Los otros nueve utilizan a la Guardia Civil como policía judicial o sencillamente no han visto necesario hacer investigaciones extensas porque las diligencias son de escaso alcance.

Días después de que Alaya rectificara su auto para suavizarlo, la Fiscalía Anticorrupción recurrió ayer el polémico auto. El fiscal pide “coordinación al debido nivel” entre ambos Cuerpos de Seguridad —cuyos mandos siempre han mantenido un enfrentamiento soterrado pese a que el Ministerio del Interior unificó las dos direcciones generales en 2006—, e insta a Alaya a que pida dicha coordinación a ambos Cuerpos, en vez de primar a la Guardia Civil como hizo en un principio.

Además, el fiscal solicita que el oficio a la Dirección General de la Policía se limite a la instrucción de Alaya —en la que no intervienen los agentes— y se evite mencionar el resto de investigaciones en otras provincias. Anticorrupción subraya que “las discrepancias” que pueden existir entre las diversas instituciones del Estado deben resolverse a través de la comunicación “fluida, honesta y completa”. En su auto, Alaya acusaba a la policía de “invadir ilegítimamente parcelas de investigación que le son ajenas”, a pesar de que obedecían el mandato de una decena de jueces ajenos a la magistrada.

El fiscal menciona las investigaciones policiales que analizan las subvenciones otorgadas por las delegaciones provinciales de Empleo, y las diferencia de la causa de Alaya, centrada en la dirección general de la Consejería. “No pueden tener el mismo ámbito”, matiza, en consonancia con la junta de fiscales celebrada recientemente en Granada, que se inclinó por evitar una macrocausa en manos de Alaya y mantener las investigaciones provinciales.

Los investigadores de la UDEF llevan meses —en algunos casos más de un año— tomando declaración a decenas de empresarios y centenares de estudiantes que participaron en los cursos de formación para determinar el alcance del fraude. Solo en Málaga la Operación Edu —con ramificaciones en Granada, Almería y Cádiz— cifró el dinero defraudado en 1,7 millones.