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España y Andorra ultiman un pacto para confiscar bienes de investigados

Interior ha dirigido más de 1.100 causas por fraude fiscal

Más de 10.000 personas se han visto involucradas en las pesquisas policiales

España y el Gobierno de Andorra ultiman un acuerdo por el que se podrán confiscar los bienes de las personas investigadas por fraude fiscal en el país vecino. Según ha explicado el director de la policía, Ignacio Cosidó, las negociaciones están muy avanzadas, aunque no ha especificado para cuándo está previsto que se materialice el pacto. Hasta ahora, los bienes en Andorra de las personas que comenten fraude fiscal en España no puede ser confiscados. 

"El hecho de que sea Andorra, no tiene que ver con el caso Pujol ya que este plan es previo a que se iniciara esa investigación", ha aclarado el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Manuel Vázquez López, que ha incidido en la importancia de recuperar los activos defraudados para los afectados, que en ocasiones es el mismo Estado. Tanto Cosidó como Vázquez han hablado en el contexto de unas jornadas dedicadas a la "lucha contra la delincuencia económica y la corrupción en un mundo global", que se celebra en Barcelona.

En lo que va de año, la policía ha llevado a cabo más de 1.100 investigaciones en la lucha contra el fraude fiscal. Lo que se traduce en más de 10.000 personas involucradas, 3.650 de las cuales acabaron detenidas por la policía. De todos estos casos, 67 estuvieron relacionados con lo que se entiende como corrupción política, sobre todo, por delitos de cohecho, según ha explicado Cosidó. 

Al seminario asisten agentes de la Policía Nacional de todas las Unidades de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La lucha contra este tipo de delitos económicos supone anualmente un coste de mil millones de euros, ha asegurado Cosidó. La UDEF es la unidad que está detrás de diversas investigaciones que afectan a la familia Pujol, y que han sacudido Cataluña. También se atribuyó a esta unidad el informe fantasma que vinculaba a Mas y a Pujol con el cobro de comisiones procedentes del expolio del Palau de la Música.