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Policía y Guardia Civil pugnan por investigar los cursos de formación

Ambos cuerpos porfían por retener las pesquisas que instruyen 12 juzgados

Agentes de la Guardia Civil registran la sede de UGT en diciembre pasado. Ampliar foto
Agentes de la Guardia Civil registran la sede de UGT en diciembre pasado.

La policía y la Guardia Civil pugnan por las 12 investigaciones abiertas sobre los cursos de formación subvencionados por la Junta. La pelea es cada vez más agria, menos soterrada y aflora en paralelo a las disputas judiciales que previsiblemente resolverán los órganos superiores a los jueces de instrucción (Audiencias provinciales y Tribunal Superior de Justicia). Mientras que la juez Mercedes Alaya arropa a la Guardia Civil para que esta acapare la docena de causas y revise el monto global de las ayudas —estimado en más de 3.000 millones en más de una década—, la policía lleva desde hace más de dos años investigando las ayudas concedidas por las delegaciones provinciales, y considera una afrenta intolerable ceder las pesquisas ya iniciadas al otro cuerpo policial.

La herida está aún fresca y escuece. Hace ya tres años que Alaya apartó a la policía del caso ERE, una medida que supuso un enorme agravio comparativo entre ambos Cuerpos de Seguridad, cuyos mandos mantienen un enfrentamiento soterrado pese a que el Ministerio del Interior unificó las dos direcciones generales en 2006. Y como llueve sobre mojado, la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) de la policía ve cómo el riesgo de ceder las diligencias a la Unidad Central Operativa (UCO) es cada vez más real, ante las peticiones de Alaya para que los agentes a sus órdenes centralicen todos los indicios de fraude contra la Administración autonómica. La policía inició la Operación Edu hace ya dos años y siguió junto a la Fiscalía de Málaga, mientras que la Guardia Civil tomó declaración a un funcionario de la Formación Profesional de la Junta en el verano de 2013. Tras analizar diversos indicios y avanzar en la instrucción, la juez Alaya abrió su nueva macrocausa sobre la formación el marzo pasado.

Los planteamientos están claros y no admiten medias tintas, aunque de manera oficial ambos cuerpos policiales rechazan pronunciarse sobre la polémica. Pero mientras que la Guardia Civil lo ha expresado a través de informes aportados a la macrocausa de la formación de Alaya, los sindicatos policiales ponen el grito en el cielo ante la supuesta injerencia de sus funciones. “Por operatividad policial, es contraproducente retirar a quien ha iniciado las investigaciones porque conocen el origen y las fuentes para canalizar con éxito la investigación. Es ilógico y contraproducente retirar a una Brigada que ha tenido tantos éxitos en investigaciones parecidas”, denuncia Serafín Giraldo, portavoz del sindicato de la policía UFP. Para Giraldo, la investigación de la Guardia Civil incumple la Ley 2/86 de Cuerpos de Seguridad que establece la competencia de la policía para grandes ciudades y de la Guardia Civil para los pueblos “precisamente para evitar conflictos de competencias como este”. Y subraya: “Tanto Alaya como la Guardia Civil, aparte de vulnerar preceptos legales, pueden entorpecer investigaciones ya iniciadas. Es ilógico que la Guardia Civil, un cuerpo destinado a que se cumplan las leyes, vulneren las propias leyes que rigen sus actuaciones”.

Alaya pide copias de todos los procedimientos

La juez Alaya ha reclamado a lo largo del verano copias de los diferentes procedimientos abiertos en Andalucía sobre los cursos de formación de la Junta. En un auto del pasado 25 de julio, la magistrada aclaró por qué considera que debe acaparar su nueva investigación sobre la formación en la que mantiene imputados a los exconsejeros Antonio Fernández —como responsable político— y Ángel Ojeda —como empresario receptor de ayudas—. “Considerándose necesaria para una mejor instrucción de la causa determinar qué asuntos en concreto se están tramitando en otros juzgados de la comunidad andaluza, es procedente (…) solicitar testimonio de las actuaciones a los juzgados de instrucción de Almería y de instrucción 4 de Algeciras”. Lo mismo ha ocurrido con el Juzgado 3 de Instrucción de Cádiz, el Juzgado de Instrucción 8 de Córdoba, y la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén. La magistrada también requirió copia al Juzgado de Instrucción 8 de Málaga, pero la respuesta fue negativa ya que las diligencias permanecen bajo secreto.

En un informe, la Guardia Civil destacó el 9 de agosto ante Alaya la detención de Ojeda por parte de la policía, “así como la práctica de las diligencias de entrada y registro en los distintos inmuebles a él vinculados”. Y es que ante las noticias publicadas en prensa sobre la investigación de Alaya y cómo esta afectaba al exconsejero Ojeda, todo apunta a que la policía precipitó las detenciones en su casa de Sanlúcar de Barrameda. Una de las razones que los investigadores adujeron ante el juez para detener a Ojeda y registrar sus propiedades fue que habían visto a uno de los trabajadores —un hijo del empresario— salir de una sede del grupo empresarial con un ordenador bajo el brazo y esto podría suponer una fuga de información. Finalmente, tras autorizar los registros hace unas semanas el magistrado Miguel Ángel López Marchena se inhibió a favor de Alaya, que ni siquiera había esperado a la inhibición formal para imputar a Ojeda, por lo que la policía se debe desprender de esta investigación para que la asuma la Guardia Civil.

Por su parte, la Guardia Civil lo puso negro sobre blanco en un atestado del pasado 6 de mayo en el que incitaba a la juez Alaya a frenar todas las pesquisas de la policía. “Las citadas investigaciones pudieran extenderse geográficamente a otras provincias, y orgánicamente hacia la presunta responsabilidad de la Administración andaluza en la concesión, gestión y control de estos fondos, pesquisas éstas que coincidirían plenamente con las investigaciones que actualmente está llevando esta unidad en el marco de las diligencias previas 966/2014, dimanantes de las 6344/2013, ambas de ese juzgado”. Los investigadores subrayaron cómo varios procedimientos sobre las mismas subvenciones de la Junta podrían ser perjudicial para la justicia. “Parece ser que se estarían perfilando los informes y/o atestados policiales correspondientes para la inmediata judicialización de dichas investigaciones, hecho que provocarían la existencia de dos procedimientos judiciales abiertos para el esclarecimiento de los mismos hechos, con la consiguiente falta de coordinación y pérdida de eficacia”.

Los ámbitos de investigación están a priori diferenciados porque la policía indaga desde las provincias sobre las concesiones de las ayudas desde las delegaciones de Empleo, la Guardia Civil inició sus pesquisas desde la sede central de la consejería. El problema surge porque la Guardia Civil considera que todas las ayudas pertenecen a la Junta y deben englobarse en una misma investigación. “La investigación se centra por un lado en la responsabilidad de la Administración a la hora de adjudicar y controlar los fondos dedicados a formación, y por otro el destino aplicado por las empresas receptoras de los mismos”, exponen los agentes en un atestado.

Los cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) ya denunciaron el pasado mayo ante el Gobierno central el profundo malestar que vivía el cuerpo ante el hecho de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ampare a la Guardia Civil en una “apropiación indebida de funciones”, en una carta conjunta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría.

Y es que en Andalucía todos los frentes judiciales sobre los cursos están abiertos. A pesar de estar judicializada tras dos años de pesquisas, el sumario de la Operación Edu dirigida por la policía permanece bajo secreto en el Juzgado de Instrucción 8 de Málaga. Ante los supuestos problemas por el hecho de compatibilizar varias investigaciones en paralelo, fuentes de la Fiscalía de Málaga defienden que estas son compatibles y recuerdan que “no hay nada que prohíba conjugar ambos cuerpos. No hay ley que lo prohíba”.

Parte de la solución se esbozará el próximo jueves, cuando los fiscales tracen en Granada la línea que marca la senda para aunar las causas en una sola o mantener varias causas diferenciadas en las provincias. El mapa está abierto y el criterio de la fiscalía puede variar en función de las exposiciones que hagan los fiscales jefes de las ocho provincias, ya que la casuística es muy diversa debido a la naturaleza de las ayudas (con compromiso de contratación, subvenciones excepcionales) y el órgano que las concedió (la Consejería de Empleo o las delegaciones provinciales).