La juez Alaya aparta a la policía de la investigación de los ERE

La juez Mercedes Alaya ha arrebatado a la policía la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos dos años y medio después de que se iniciara la instrucción del caso. Es un hecho insólito en el ámbito policial que una investigación cambie de manos, especialmente al tratarse de un caso tan complejo y de tal transcendencia judicial y política. Pero, sobre todo, la decisión es polémica porque han transcurridos 30 meses desde que se inició el caso Mercasevilla, origen de la investigación de los ERE fraudulentos. "¿A qué viene esa actitud de desconfianza de la juez? Las cosas son más serias... Nos ha llegado el escrito y nos hemos quedado de piedra", señalaba indignado un mando policial.

La magistrada ha entregado el caso a la Guardia Civil y para ello dictó ayer un auto en el que de manera escueta explicaba que releva del trabajo de investigación de los ERE a la Policía Judicial, a la que pide que entregue toda la documentación sobre el caso, y se lo encomienda al Instituto Armado porque supuestamente cuenta con más medios. La medida judicial supone un enorme agravio comparativo entre ambos Cuerpos de Seguridad, cuyos mandos siempre han mantenido un enfrentamiento soterrado pese a que el Ministerio del Interior unificó las dos direcciones generales en 2006.

La juez no explica ninguna razón en su auto para apoyar su espinosa decisión, pero detrás de esta insólita orden subyacen desavenencias personales con los mandos policiales encargados de la investigación sobre la dirección que debían tomar las pesquisas. La relevancia política del caso es máxima, especialmente después del enfrentamiento abierto que mantiene Alaya con la Junta por las actas de los Consejos de Gobierno y la insinuación sobre que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y algunos exconsejeros habrían cometido prevaricación al ignorar los informes de la Intervención.

La Policía Judicial contaba hasta ayer con ocho agentes dedicados al caso, tres de los cuales se incorporaron a la unidad precisamente para atender a la ingente documentación y volumen de diligencias que ha ordenado la juez en los dos últimos meses. La actividad en una investigación que acumula ya 29 imputados es frenética, según se deduce de los autos judiciales, en los que Alaya ha ordenado investigar desde el patrimonio de los principales imputados hasta la documentación de todos los ERE que desde 2001 han contado con subvenciones de la Junta.

La policía dirigió recientemente un escrito a la juez en el que solicitaba que nombrara técnicos expertos a las órdenes del juzgado para analizar la gran cantidad de información acumulada (miles de vidas laborales de trabajadores e intrusos beneficiados por las pólizas, investigaciones en Bruselas sobre la aseguradora Apra, gestiones de intermediarios y sindicalistas...).

La inesperada respuesta de la magistrada ha sido semanas después este relevo en las funciones que afecta de lleno a la policía, responsable de las cuatro vías de investigación que han surgido en el caso.