Euskadi pacta con Educación poner el euskera a salvo de la ‘ley Wert’

El Gobierno vasco mantendrá su capacidad plena para determinar el aprendizaje del euskera en las aulas vascas y serán “inaplicables” en Euskadi los instrumentos de intervención que la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE) otorga al Estado cuando no se asegura el buen uso de las lenguas cooficiales en la enseñanza. Los Ejecutivos central y vasco alcanzaron el pasado 29 de agosto un acuerdo, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado y en el del País Vasco, que deja el sistema de modelos lingüísticos de esta comunidad autónoma al margen de la aplicación de la  LOMCE porque, coinciden las partes, la legislación autonómica garantiza el bilingüismo “en una proporción razonable”.

La redacción de la ley educativa, pensada para atajar el modelo de enseñanza exclusivo en catalán, podía interferir en los casos de padres con problemas para escolarizar a sus hijos en el modelo A vasco (solo en castellano). Las negociaciones que habían entablado responsables del ministerio y la consejería vasca ya dejaron la puerta abierta a hacer una excepción con Euskadi, puesto que en esta comunidad existe una oferta sostenida con fondos públicos que permite estudiar con el castellano como lengua vehicular. Existen también un modelo bilingüe (B) y un tercero, el D, donde prima el euskera y el castellano es asignatura.

El acuerdo entre ambas administraciones, que incluye también cambios en el papel que tendrán los consejos escolares en Euskadi o sobre la admisión de alumnos en la Formación Profesional (FP) y la Universidad, fue celebrado ayer por la consejera de Educación, Cristina Uriarte, como “un logro muy importante”. Pese a este acuerdo “parcial”, el Gobierno de Urkullu, que presentó en febrero pasado un recurso de inconstitucionalidad contra 19 artículos de la denominada ley Wert no retira el conflicto ante el alto tribunal porque mantiene su “rechazo frontal” a la reforma educativa.

En Cataluña no ha sido así. Han existido contactos entre Gobierno y Generalitat catalana, pero no han fructificado. El desencuentro se visualizó en el plante de la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, a la Conferencia de Educación en diciembre de 2012, que presidía el ministro Wert. El principal escollo era el decreto que blinda la escolarización en castellano. Después de esta accidentada reunión, se han celebrado hasta cuatro encuentros, según Enseñanza, pero la posición enrocada de ambas impidió llegar a ningún acuerdo. El ministerio quería introducir en la LOMCE esta disposición adicional para asegurar una oferta de clases en castellano en “una proporción razonable”, pero la Generalitat exigía su retirada.

En las citas bilaterales, la Generalitat intentó demostrar con informes que el decreto sería imposible de aplicar, ya que no existen escuelas ni públicas ni privadas en que predomine la educación en castellano. “Eran reuniones para hablar, pero no para negociar”, admiten desde el Departamento. A diferencia de Euskadi, con Cataluña no se negociaron otros aspectos como los consejos escolares o la admisión de alumnos de la FP y la universidad. “Dejamos claro que si no retiraba el decreto del castellano no negociábamos nada más”, zanjan desde la Generalitat.