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Mas frena la campaña de la consulta pero mantiene vivo el pulso legal

El presidente de la Generalitat califica de “hostil” la actitud del Gobierno

Miquel Noguer
Artur Mas, durante la presentación del 'Libro Blanco de la Transición Nacional de Catalunya'
Artur Mas, durante la presentación del 'Libro Blanco de la Transición Nacional de Catalunya'QUIQUE GARCIA (AFP)

La suspensión de la consulta independentista por el Tribunal Constitucional era un trámite que la Generalitat daba por descontado desde hacía ya muchos meses. Tampoco la rapidez del tribunal en reunirse de forma extraordinaria ayer por la tarde pilló por sorpresa al presidente catalán. La consecuencia de la decisión de los magistrados es que la Generalitat frenará la campaña institucional que había puesto en marcha para la consulta. Con todo, el Ejecutivo autónomo promete pelear por la vía legal todos los detalles de la impugnación, con el objetivo de mantener vivo el conflicto. Artur Mas, que ayer calificó de “hostil” la actitud del Gobierno, también reunirá a los partidos soberanistas para diseñar una estrategia a medio plazo.

La estrategia de la Generalitat ante la suspensión es similar en algunos aspectos a la que practicó durante el largo contencioso del Estatuto de 2006: acusar al alto tribunal de estar politizado y no variar el rumbo mientras no haya una orden clara para hacerlo. En este sentido, el Departamento de Presidencia aseguraba anoche que los preparativos y la campaña institucional para la consulta siguen adelante porque “el Tribunal Constitucional no nos ha comunicado ninguna suspensión”. Otras fuentes admitían, sin embargo, que el Ejecutivo catalán asumirá en su reunión de hoy que debe frenar o poner fin a la campaña e intentar salvaguardar lo que pueda de la consulta mediante un alud de recursos. Sin embargo, también admiten que la consulta seguirá suspendida mientras se dirimen dichos recursos.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, su partido, Convergència i Unió, y el resto de fuerzas soberanistas no ahorraron críticas al Constitucional incluso antes de conocerse la suspensión. Todos coincidieron en que la rapidez del organismo en reunirse tras la presentación del recurso —apenas seis horas— cuestiona la división de poderes en España. Mas criticó la “velocidad supersónica” del tribunal, aunque dijo mantener la esperanza de que actúe como un “árbitro de todos”.

El president sí aprovechó para hacer hincapié en las sospechas de partidismo del tribunal. En este sentido, cuestionó el papel de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, y recordó que el Parlamento catalán pidió su recusación por dos motivos: su “larga militancia en el PP” y haber manifestado “animadversión” hacia asuntos vinculados con Cataluña y su autogobierno.

En respuesta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Mas negó que la consulta del 9-N sea un referéndum encubierto. También criticó que Rajoy afirmara que es ilegal antes de que se pronunciara el Tribunal Constitucional —“Montesquieu en estado puro”, ironizó— y reivindicó la potestad de la Generalitat a la hora de proponer cambios normativos “sin límites”. Pero dijo que para proponer estas modificaciones, por ejemplo una reforma constitucional, antes debe escucharse “la voluntad popular”. Es aquí donde volvió a defender la utilidad de la consulta.

ERC mantendrá su campaña aunque el Constitucional vete la consulta

Mas aprovechó para instar al Gobierno a ser él quien pregunte a los catalanes si considera que no se puede hacer como plantea la Generalitat, aunque lamentó que tampoco acepte esta posibilidad: “Ni preguntan ni dejan preguntar. Probablemente lo que temen es la respuesta. Les da miedo la respuesta, cuando lo que debería darles miedo es que no pueda haber respuesta”.

La reunión del Tribunal Constitucional en la tarde de ayer coincidió en el tiempo con estas declaraciones de Mas, que presidía un acto para presentar el llamado Libro blanco de la transición nacional. La intervención del presidente catalán acabó minutos antes de conocerse la suspensión, por lo que todo el acto se desarrolló como se había previsto inicialmente y como si la consulta fuera a celebrarse con normalidad.

Las fuerzas políticas soberanistas dejaron la puerta abierta a seguir haciendo campaña. La secretaria general de ERC, que ayer presentó una titulada Quiero ser libre. Quiero un nuevo país, defendió seguir adelante. “Si nos ponen en la disyuntiva entre tener que obedecer el mandato del Constitucional y el amplio mandato democrático que hemos recibido de la ciudadanía, tenemos claro que obedeceremos a este último”. Iniciativa aseguró que la impugnación es “un error mayúsculo” que “multiplicará por cuatro” el problema catalán.

Convergència i Unió ha reiterado que la consulta de autodeterminación es "legal" y ajustada a la Constitución y ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy de "presuponer" el fallo del Tribunal Constitucional y de "ejercer de portavoz" de este órgano. La ejecutiva de CiU coincidió ayer por la mañana con la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Los dirigentes nacionalistas, incluido Artur Mas, siguieron por televisión la comparencia de Rajoy. Cuando esta finalizó, dos de los dirigentes de la federación, Ramon Espadaler y Lluís Corominas, comparecieron para valorar la situación política. "Hoy reivindicamos la consulta más que nunca", aseguró Espadaler tras el anuncio del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno.

El consejero de Presidencia y portavoz  del Govern, Francesc Homs, advirtió de que el Gobierno central comete "un error de consecuencias mayúsculas" con la presentación del recurso contra la consulta, con el que no "matarán" el proceso soberanista, sino que lo "reforzarán".

"Se piensan que haciendo esto lo matan y estoy convencido de que esto lo que hace es reforzar aún más el movimiento que hay en Cataluña" porque la "acumulación de noes" del Estado a lo que plantea Cataluña genera que crezca "la voluntad de crear un Estado propio", ha afirmó Homs en una entrevista en TV-3.

El Parlament designa a la comisión de control del 9-N

Los partidos soberanistas han pactado este lunes los siete miembros de la Comisión de Control, el órgano previsto en la Ley de Consultas que debe velar por el correcto funcionamiento de estos procesos, empezando por la consulta del 9 de noviembre. Los miembros propuestos por los cuatro grupos --la ley establece que deben ser juristas y politólogos de reconocido prestigio-- son: Mercè Barceló i Serramalera; Joaquim Brugué Torruella; Alfons González Bondia; Miquel Martin Casals; Marc Marsal Ferret; Jordi Matas Dalmases, y Benet Salellas Vilar. El Parlament prevé aprobar la composición de la Comisión de Control en el pleno que empieza este miércoles, aunque está por ver si se mantiene en el orden del día del debate si el Tribunal Constitucional suspende la tarde de este lunes la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria del 9N.

 Las críticas de CiU a Rajoy se centraron en el hecho que Rajoy se muestre convencido de que la actuación de la Generalitat no se ajusta a la Constitución. "Hemos asistido con perplejidad a una rueda de prensa de lo que parecía ya una sentencia del Tribunal Constitucional", dijo Espadaler respecto a la valoración que el presidente del Gobierno hizo de la convocatoria de la consulta catalana. Espadaler aseguró que "Rajoy parece más un portavoz del Tribunal Constitucional que el presidente del Gobierno" y reiteró que no se puede "presuponer" cuál será la sentencia del Alto tribunal respecto a la ley catalana de consultas y a la convocatoria de la votación del 9 de noviembre.

Los nacionalistas catalanes insisten en que el problema catalán no es solo de ajuste a la legalidad. "La solución a este contencioso debe estar amparada en la legalidad, pero fundamentalmente tiene que ser política", aseguró Espadaler. El secretario general de CiU aseguró que la situación no habría llegado hasta aquí si el Gobierno y el PP no hubieran rechazado en su día el Estatuto catalán y el pacto fiscal. "No hemos visto ninguna actitud de diálogo hasta ahora", dijo al ser preguntado por la oferta del presidente del Gobierno de dialogar. "Solo hemos visto negativas continuadas y permanentes", ha reiterado.

Por su parte, el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, afirmó que ninguna sentencia del Constitucional acabará con el proceso soberanista. Junqueras recordó que "el origen de la situación actual es una sentencia del TC en contra del Estatut, por lo que no es una sorpresa ni una novedad que este tribunal esté en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña", dijo en declaraciones a Catalunya Ràdio. "Si alguien cree que el proceso tiene que acabar con una sentencia del TC en contra de la voluntad de los ciudadanos de Cataluña, se equivoca, yo creo que no", subrayó Junqueras antes de apuntar que "se trata de un tribunal elegido políticamente, que no solo cuestionan los independentistas catalanes, sino también una buena parte de la sociedad española".

Según el presidente de ERC, diga lo que diga el Constitucional, la consulta debe mantenerse "porque nosotros estamos para servir la voluntad del pueblo catalán expresada en las elecciones", y recalcó  que "no hay otra salida que la independencia de Cataluña". Junqueras volvió a defender la desobediencia porque "si los partidos españoles no nos quieren dejar votar, nosotros estamos convencidos de que es un derecho inalienable y lo que haremos es votar, desobedecer significa votar".

Sobre la posible entrada de su partido en el Govern, dijo que "nunca nos han llamado", pero "ya dijimos que si entramos es para blindar la consulta", puesto que "loque no tendría sentido es que nos llamen y luego no se vote el 9-N, si entramos es para que se vote".

Respecto a los casos de corrupción que implican a políticos catalanes, Junqueras expresó su sospecha de que si aparecen ahora es porque hay "juego sucio" del Estado y opinó que dicho "juego sucio" proseguirá. "De hecho nunca ha desaparecido, siempre lo ha practicado, juega tan sucio como puede", remachó.

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Sobre la firma

Miquel Noguer
Es director de la edición Cataluña de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en la redacción de Barcelona en Sociedad y Política, posición desde la que ha cubierto buena parte de los acontecimientos del proceso soberanista.

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