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Vigo peleará en los juzgados para no tirar la cruz franquista de O Castro

Grupos por la memoria tildan el símbolo de “espada en el corazón de la ciudad”

La cruz franquista de O Castro, en Vigo.
La cruz franquista de O Castro, en Vigo.

De la eliminación de símbolos franquistas que realizó el Ayuntamiento de Vigo en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica quedó excluida la gran cruz que preside la falda del monte de O Castro, inaugurada por Franco en 1961 como homenaje a “los caídos”. El Ayuntamiento atribuyó la decisión a una supresión de los elementos franquistas de ese monumento realizada hace más de 30 años, y es a esa misma ausencia de símbolos relacionados con la dictadura a la que ahora se aferra para recurrir la reciente sentencia que ordena la retirada “de forma inmediata” de la cruz.

El alcalde, Abel Caballero, anunció ayer la presentación del recurso, dos días después de que se conociera el fallo del juzgado contencioso administrativo número 2 de Vigo que estima la reclamación presentada por la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36. “No hay ni un solo símbolo franquista en la ciudad”, sentenció Caballero, que aseguró que el Ayuntamiento “acata la sentencia” pero seguirá "la norma" de continuar el proceso judicial en instancias superiores. “Esta no es una excepción: de acuerdo con el dictamen de la asesoría jurídica, vamos a seguir el proceso con toda normalidad. Es como se hace siempre y ganamos en un 95% de los casos”, subrayó.

La Asociación pola Memoria Histórica reaccionó con indignación. “Que tomen conciencia de que en Vigo hay un alcalde, bajo las siglas del PSOE, que tiene una actitud fuera de lo razonable”, advirtió su presidente, Telmo Comesaña, a los dirigentes de ese partido. Comesaña subrayó que el colectivo que preside no está formado por “talibanes” que pretendan destruir un símbolo religioso. “No vamos en contra de ninguna religión, no queremos que se saque una cruz. Lo del Castro es una espada en el corazón de Vigo”, argumentó, ya que lo que simboliza es “ofensivo para las víctimas del franquismo y sus familias”.

En la vista oral en la que se trató la demanda, la asociación, que logró reunir 4.000 firmas de apoyo, presentó un informe pericial del historiador y profesor universitario José Ramón Rodríguez Lago que considera que la cruz, erigida en un terreno municipal que previamente perteneció al Ejército, tiene “un marcado carácter falangista”. “No solo era un elemento de exaltación al franquismo, sino también al nazismo: en homenaje a eso la inauguró Franco”, sostiene Comesaña.

En 1982, siendo alcalde el también socialista Manoel Soto, el Ayuntamiento procedió a retirar toda los elementos simbólicos que formaban parte del monumento, que pasó a rendir homenaje a los caídos de ambos bandos. Esa fue la razón por la que el Ayuntamiento la excluyó del catálogo de símbolos que fueron eliminados a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, que convirtió a Vigo en una de las primeras ciudades de España en prescindir de placas y nombres de calles de carácter franquista.

A esa circunstancia volvió ayer Caballero para justificar su postura. “En esta ciudad no hay ni un solo símbolo franquista”, sostuvo, para recordar luego la promoción de actos de homenaje a alcaldes represaliados o los nombres de calles y plazas dedicados a víctimas de la represión de Franco. Pero las explicaciones de Caballero han provocado un profundo malestar en la Asociación pola Memoria Histórica y en sus antiguos socios del BNG, que ya en 2013 fracasaron en su petición ante el pleno de demolerla en cumplimiento de la ley.

El Bloque se apresuró ayer en solicitar que no se recurra la sentencia y se ejecute la demolición “inmediata” de la cruz. “Abel Caballero no cumple la Ley de Memoria Histórica”, acusó la portavoz nacionalista, Iolanda Veloso, que recordó que se trata de una ley impulsada por un Gobierno socialista. El grupo popular reclamó un informe jurídico para conocer la situación del monumento y consideró que no es un asunto “prioritario”. “Hay una confusión jurídica que se debe aclarar”, afirmó su portavoz, Chema Figueroa.

En su sentencia, el juzgado tuvo en cuenta la prueba aportada por la organización demandante sobre la “subsistencia de elementos de enfrentamiento, ofensa o agravio en la carga simbólica asociada a la cruz”, debido a su significación y finalidad de “exaltación antidemocrática”.