Un excargo del PP afronta cárcel por ocultar que le tocó la lotería

La suerte pareció cambiar para Enrique Crespo Calatrava el 22 de diciembre de 2011. El segundo premio de la Lotería de Navidad recayó aquel día en el número 53.404, del que el PP de Manises, presidido por Crespo, había reservado 850 décimos. El champán corrió por el Ayuntamiento, también dirigido por Crespo. Las cámaras le recogieron eufórico, brindando con sus compañeros, aunque reticente a la hora de concretar cuántos billetes premiados guardaba en el bolsillo.

Crespo venía de una mala racha: llevaba dos meses imputado como consecuencia de la quiebra de la empresa pública Emarsa, dedicada a la depuración de aguas, que también había presidido. Pero la alegría duró poco. Ese mismo día, el magistrado Vicente Ríos le dio 24 horas para comunicar al juzgado cuántos décimos agraciados tenía. El regidor respondió que uno. Este jueves la fiscalía pidió tres años de cárcel para él por haber ocultado, presuntamente, otros 99, que valían 12,3 millones.

La fiscalía cree que Crespo “tomó conciencia de que se iba a iniciar una investigación judicial” contra él mucho antes, en 2010, cuando la quiebra de Emarsa fue denunciada por los socialistas. Y que la supuesta ocultación de décimos “fue diseñada para eludir el posible embargo de su patrimonio”.

En eso no se equivocaba. 38 días después del principal sorteo de lotería del año, el juez le impuso una fianza de 25 millones, la cantidad aproximada que calcula que fue desviada de la sociedad pública que depuraba las aguas residuales de Valencia y otra treintena de municipios.

La fiscal del caso ha pedido la misma pena de cárcel, como cooperadores necesarios en un delito de alzamiento de bienes, para el hermano y los padres de Crespo, que entre otros cargos acumuló también el de vicepresidente segundo de la Diputación de Valencia.

La investigación judicial reveló que mientras el entonces alcalde decía poseer un solo boleto premiado, Enrique Crespo García, María Ángeles Calatrava y Carlos Crespo Calatrava ingresaron otros 159 en ocho sucursales bancarias distintas entre el 22 de diciembre de 2011 y el 23 de enero de 2012.

Según el cálculo de la fiscalía, a pesar de lo que lo hicieron “simulando ser los legítimos tenedores de los mismos”, 99 de esos décimos eran del exregidor y solo 60 pertenecían a sus padres y a su hermano.

Siendo grave, la petición de pena que afronta el exalcalde por este asunto es menor comparada con los 14 años de cárcel que la fiscalía solicita para él en la pieza principal de la causa, por la que será juzgado con otras 24 personas.

La fiscal también ha pedido al juez que reintegre en el patrimonio del excargo público los 12,3 millones de euros, procedentes del premio de lotería, bloqueados en las cuentas de sus familiares, para que así puedan serle embargados.