El final de la inocencia

La alucinante aparición de Jordi Pujol en la escena pública, a través de una confusa confesión de sus pecados en vísperas del otoño grande del soberanismo, ha significado el final de la inocencia y la súbita irrupción del principio de realidad, en un proceso excesivamente idealizado. Después de tantos años de oírle predicar que Cataluña "no era un país cualquiera", los incondicionales del president, los ciudadanos de orden que asumieron su figura como representación de la nación, han descubierto que su mítico líder no supo resistir a las tentaciones del dinero ni supo poner a la familia en su sitio, y que una enorme trama clientelar —que nada tenía que envidiar a las Gürtel, Bárcenas, Eres y un largo etcétera— se enriquecía a costa de las instituciones.

Al mismo tiempo, se ha comprendido que los gobiernos españoles estaban al tanto de las cosas que pasaban en Cataluña y que no tuvieron reparo en proteger por acción o por omisión al president Pujol mientras este actuaba como garante de que el nacionalismo no cruzaría determinadas líneas rojas en sus aspiraciones y reivindicaciones. Fin de la inocencia sobre las virtudes de un país que ha resultado ser como todos, fin de la inocencia sobre un proceso que, a menudo, se ha presentado como un camino de rosas hacia la independencia, por la fuerza del voto ciudadano.

Un proceso de independencia afecta a la distribución del poder, una cuestión que se ha soslayado demasiado 

El proyecto independentista ha abierto en canal a la más emblemática organización política del nacionalismo conservador, ha pulverizado el sistema de partidos vigente, y, por tanto, adquiere su sentido como expresión de la necesidad de un cambio profundo en las estructuras de gobierno y en las hegemonías políticas y sociales. Y, al mismo tiempo, se va tomando conciencia de que un proceso de independencia no es una fiesta —la fiesta si acaso llega al final del camino—, porque afecta a algo fundamental que es la distribución del poder. Una cuestión que se ha soslayado demasiado por interés de todas las partes, centradas en apelaciones y contraapelaciones sobre la primacía de la ley y la del voto, sobre añejos tópicos acerca de unos y otros nacionalismos, sobre las interpretaciones de la historia y los agravios del pasado y del presente.

Una secesión afecta directamente al reparto del poder. Se trata de hacerse con una parte del poder que ahora está en otras manos —en algunas directamente, en otras indirectamente, por efecto de las decisiones de los que lo tienen—: poder político, pero también económico y mediático. Y, por definición, los poderes dan pocas facilidades a la hora de ceder. Máxime si les arropa una larga cultura de ordeno y mando y si la pugna es desigual, porque de una parte está un poderoso aparato de Estado, unos fuertes poderes económicos poco amigos de cambios en el statu quo, y la complicidad de los Gobiernos del entorno, y, en la otra, prácticamente no hay otra fuerza que la voluntad que los catalanes puedan expresar con su voto. La resistencia a ceder poder se pone de manifiesto en la negativa a autorizar un referéndum. Sería un reconocimiento de Cataluña como sujeto político, base de partida de cualquier posible solución pactada. Pero para PP y PSOE es una concesión excesiva.

La resistencia a ceder poder se pone de manifiesto en la negativa a autorizar un referéndum

Para valorar el impacto de la confesión de Pujol sobre el proceso soberanista, habrá que encontrar respuesta a dos preguntas. Primera, ¿detrás de la declaración del expresidente, hay algún pacto con las instituciones españolas para acotar las denuncias y las revelaciones y minimizar las consecuencias para él y su familia? Segunda, ¿cabe la posibilidad de que el Gobierno español ofrezca un pacto a Artur Mas para proteger a Convergència de los efectos en cascada del caso Pujol a cambio de reconducir el proceso soberanista? Los partidarios de las terceras vías lo esperan, el soberanismo lo teme. Dicen que Mas ha ido ya demasiado lejos para poder frenar sin pegarse un trompazo. Ciertamente, hay demasiados cabos que atar y demasiada información en la calle para que estos apaños de la vieja política sean posibles. Pero Convergència se puede encontrar con un goteo constante de informaciones que aceleren su descomposición. Con lo cual se consolidaría la tendencia al desplazamiento del eje político del proceso hacia Esquerra Republicana y a la confirmación de Oriol Junqueras como interlocutor principal. Y sobre todo, el futuro del proceso soberanista quedaría en manos de la presión ciudadana, que tiene en este momento dos caras bien distintas, los movimientos soberanistas (por la ruptura territorial) y los movimientos sociales (por el cambio político institucional) que solo convergen en un punto: votar. Con el sistema catalán de partidos patas arriba, la reacción de los electores del nacionalismo moderado, en crisis de orfandad política, se convierte en factor decisivo a corto plazo. A largo, esto no ha hecho más que empezar. El fin de la inocencia recuerda que el buen manejo de los tiempos, sobre la base de una justa evaluación de las relaciones de fuerza, es el verdadero arte de la política.