El Gobierno deniega el 39% de las demandas para bajar el alquiler social

El Departamento de Vivienda ha recibido 778 peticiones de familias que viven en pisos de los distintos programas de alquiler protegido del Gobierno para reducir el precio que pagan cada mes por arrendarlos. De las solicitudes, el Ejecutivo ha resuelto los expedientes de 518. Entre ellos 199, el 38,4%, han contado con la negativa de la administración a rebajar el precio de su alquiler.

En el resto de los casos, 319, Vivienda ha confirmado que la difícil situación económica en la que se encuentran muchas familias que habitan en el parque de alquiler dedican más de un tercio de su renta a costear el arrendamiento del piso.

La posibilidad quedó abierta en diciembre de 2013 a través de una instrucción de la viceconsejera Covadonga Solaguren con la que se apunta a la necesidad de “soluciones excepcionales” frente a la orden de precios de 2010. El tope de alquiler fue fijado entonces en el 30% de los ingresos de las familias que ocupen las viviendas. “Las circunstancias sociales y económicas actuales han modificado el mercado de vivienda ante las necesidades de una sociedad que tiene dificultades para encontrar empleo y con una tendencia a la baja de los ingresos de parte de la población”, recuerda otra instrucción, de 2014.

El número de desahucios en pisos de alquiler ascendió a 74 en 2013

De hecho, el coste del alquiler es la principal causa de renuncia tras una adjudicación de una vivienda de Bizigune, razón a la que alude el 38,6% de las personas que rechazaron un piso en 2013. En el caso de las viviendas sociales, el 30% lo atribuye a las razones económicas. En el programa ASAP el 54% de quienes dicen no a un piso habla de razones económicas.

Las razones del no de la Administración a reducir el alquiler hasta lograr que no supere el 30% de los ingresos son principalmente dos: que efectivamente no se cumple el requisito de que el alquiler supere ese porcentaje de renta (96 casos) y que la reducción de los ingresos se debe a la obligación de devolver ayudas a la administración por incumplimiento de los requisitos y las obligaciones (43 casos). Del total de denegados, solo un expediente ha sido recurrido por los solicitantes. Stop Desahucios ha anunciado que denunciará a la viceconsejera por un presunto delito de prevaricación por “incumplir” la instrucción. Entre las razones, señalan que no se les está permitiendo recurrir las resoluciones.

En una respuesta parlamentaria remitida a petición del parlamentario del PSE Bixen Itxaso, el Ejecutivo detalla que la mayoría de las denegadas, por una aplastante mayoría, son las solicitudes de Álava, que suponen 183 de las 199 rechazadas. El caso alavés es llamativo, ya que de 778 solicitantes —las peticiones han ido en aumento después de que en tres primeros meses se registraran un centenar— 568 proceden de esa provincia, la menos poblada de las tres, aunque al mismo tiempo la que mayor oferta de viviendas ha tenido en los últimos años. Entre los solicitantes, más de la mitad de ellos, 466, corresponden a Alokabide. Por término medio, la renta media a pagar es de 240 euros por cada inquilino, un coste que supone el 23,21% de sus ingresos.

En 2013, el Gobierno ejecutó 74 desahucios en su parque de viviendas de alquiler. En su mayoría, no estaban relacionados únicamente con impagos, sino con otros incumplimientos —algunos han tenido relieve en los medios de comunicación y hacen referencia a destrozos, pisos patera e incluso un negocio de prostitución—. En estos 74 casos, la deuda con la Administración ascendió a 377.700 euros en total. En los estrictamente relacionados con la imposibilidad económica, se llevaron a cabo nada menos que 565 pactos entre el Departamento de Vivienda y los inquilinos para evitar los desahucios.

Entre 2010 y 2012, el Ejecutivo desalojó a 435 familias. Desde mediados de 2012, el Ejecutivo empezó a suspender los desahucios motivados exclusivamente por impagos.