Hacienda endurece los requisitos de acceso a 70 ayudas sociales a familias

El Gobierno andaluz aprobó el 24 de septiembre pasado el anteproyecto de ley sobre el acceso a los beneficios públicos y de medidas contra el fraude fiscal del que poco se ha sabido desde entonces. Nadie lo ha dejado olvidado en un cajón, pero lleva ese tiempo en el taller de corrección. La Consejería de Hacienda y Administración Pública, que dirige desde hace casi un año María Jesús Montero, heredó esta iniciativa del anterior equipo liderado por Carmen Martínez Aguayo. El texto ha sido modificado sustancialmente sobre todo en lo que se refiere a los requisitos para obtener ayudas públicas de la Junta, que se han endurecido.

“Tal y como estaba redactada la ley no iba a servir para mucho, porque el concepto de beneficio público no estaba bien acotado”, aseguran fuentes de Hacienda. Las modificaciones han endurecido el acceso a esos servicios para que “ninguna persona quede excluida de su disfrute en beneficio de otras que, con más recursos económicos, sean menos merecedoras de acceder a dichos beneficios públicos”, dice la exposición de motivos de la ley. De lo que se trata es de evitar el fraude social, una expresión que no se utiliza aunque en un principio la ley iba a ser bautizada de ese modo.

El anteproyecto liga el acceso a las decenas de ayudas públicas concedidas por la Junta de Andalucía, no solo a la renta de los perceptores sino también al patrimonio. De manera que para reclamar a una ayuda los solicitantes deberán acreditar su capacidad económica por los dos conceptos. Hasta ahora, el único criterio que se exige es el de la renta. “Una persona con bajos ingresos y elevado patrimonio no puede ser considerada como una persona de escasa capacidad económica”, dice la ley, que añade: “Una persona que oculta rentas mostrará unos ingresos artificialmente bajos, que no aproximan adecuadamente su verdadera capacidad económica”. El proyecto está a punto de ser enviado al Consejo Consultivo, según Hacienda.

Los solicitantes, antes de ser beneficiarios, tendrán además que autorizar a la consejería que le haya otorgado la ayuda para que pueda “recabar en cualquier momento, de cualquier Administración o entidad, la información que sea necesaria para verificar los requisitos de capacidad económica”.

Hacienda ha eliminado del anteproyecto de ley el capítulo referido a infracciones y sanciones, en el que se incluían multas entre los 75 y los 6.000 euro; sanciones hasta el triple de la cantidad no justificada; la imposibilidad de concurrir a nuevas subvenciones, de contratar con la Administración o de colaborar con la misma en un plazo de una a cinco años. Se elimina de la ley, pero se incorpora a cada una de las disposiciones normativas que existen ahora, lo que obligará a modificarlas todas en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley.

Según el anexo del anteproyecto, en Andalucía existen hasta 70 ayudas públicas, reguladas bien a través de decretos, órdenes, resoluciones o planes. Veinticuatro de ellas están en la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales: hay bonificaciones del precio del billete del autobús interurbano a los mayores de 65 años; descuentos en productos ópticos; ayudas por partos múltiples; la renta mínima; complementos de pensiones no contributivas; o subvenciones a personas con discapacidad.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte tiene 15 disposiciones normativas que regulan el acceso a varias modalidades de becas, estancias en otros países de la UE, intercambios escolares, ayudas de transporte, manutención y alojamientos para personas que participen en acciones formativas de empleo.

En Fomento y Vivienda hay 13 procedimientos que van desde las ayudas a la rehabilitación de edificios, a pólizas de seguros de impago de alquileres o para la emisión de certificados energéticos.

Hacienda y Administración Pública concede hasta 12 ayudas dirigidas todas ellas a los empleados públicos de la Junta, que pueden disponer de préstamos sin intereses por adquisición de primera vivienda, indemnizaciones por accidentes, ayudas médicas, protésicas y odontológicas; defunción; y préstamos sin intereses para necesidades urgentes, entre otras.

El resto de las ayudas hasta alcanzar las 70 están en la Consejería de Economía (cuatro), Justicia (una) y Turismo (una),

Según datos de la Junta de Andalucía de mayo de 2013, una familia de cuatro miembros y con un dependiente a su cargo puede percibir al año, por varios conceptos, hasta 13.000 euros en prestaciones, lo que significa un sueldo indirecto de más de mil euros mensuales.