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la polémica por las vacaciones fiscales

Las diputaciones piden a Urkullu que adelante sus 21 millones de la multa

Prefieren esa opción a que compense después de que paguen las provincias

El Gobierno va a rascarse el bolsillo con 21 millones de los 30 de la multa de las vacaciones fiscales. Eso está claro desde hace semanas. Lo que todavía sigue en el aire, aunque a punto de resolverse, es cómo lo va a hacer. Su propuesta inicial era que las diputaciones hagan frente a los 30 millones en función de los coeficientes —50% Bizkaia, 33% Gipuzkoa y 17% Álava— y después el consejero de Hacienda Ricardo Gatzagaetxebarria se encargaba de compensarles. El problema es que en época de tesorería ajustada el plan no acababa de gustar a ninguna de las tres. Políticamente no cumple con el criterio político que se aplicó al reparto de los fondos recuperados y además deja con un agujero considerable a Bizkaia y a Gipuzkoa, aunque también a Álava, al estar obligadas a desembolsar inicialmente mucho más dinero. En opinión del diputado general de Gipuzkoa, “la fórmula más sensata” es que las instituciones implicadas —Gobierno vasco y las tres diputaciones abonen “el mismo día y a la misma hora” la parte que les corresponde de la sanción impuesta por Europa por las denominadas vacaciones fiscales.

Garitano ha reiterado su apuesta por un reparto en el que el Gobierno vasco asuma el 70% de la multa y las diputaciones el 30% restante, pero todos a la vez. “Confiamos en que el resto de las diputaciones y el Gobierno acepten esta propuesta, que entendemos que es la mas conforme”, insistió. El Ejecutivo convocó oficialmente ayer, para mañana, una reunión extraordinaria del Consejo Vasco de Finanzas con el objetivo de cerrar la fórmula de reparto de una multa que no tiene nada que ver con los incentivos fiscales de los años 90, sino con el incumplimiento reiterado de las instituciones vascas en cumplir las sentencias comunitarias. El Estado español abonó la multa la pasada semana y a renglón seguido remitió un escrito a las instituciones vascas para que asuman el pago de la sanción. En su escrito, que ha adelantado las previsiones del Gobierno vasco, apuntaba una propuesta de reparto por la que Álava pagaba el 65% de la multa, Bizkaia el 21,29% y Gipuzkoa el 12,86%, aunque reconocía que la decisión última era vasca.

No hay un conflicto" dijo Javier de Andrés

Las comisiones técnicas que preparan la reunión del miércoles siguen trabajando para cerrar un modelo de pago que sea lo menos gravoso posible para las instituciones forales. Otra opción que estaba encima de la mesa y que manejaban para su acuerdo era la de, en caso de tener que adelantar las diputaciones, que el Gobierno lo compense de forma inmediata. Políticamente gusta menos. El diputado general de Álava, Javier de Andrés aseguró ayer que “no hay un conflicto” en torno a este tema y aseguró que llegarán a la reunión de mañana con un acuerdo cerrado. Un acuerdo que, sin embargo, para los sindicatos es tangencial. Si ELA llevó la pasada semana a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) un informe para que investigue si hubiera responsabilidades políticas por el incumplimiento de las sentencias comunitarias y la consiguiente multa de 30 millones, el sindicato LAB criticó ayer que el Consejo de Finanzas acordará el reparto de esa multa pero no las responsabilidades políticas. También exigió “que se señale a los culpables” el parlamentario de UPyD , Gorka Maneiro.