El gasto oculto le estalla al Consell

La divisa la deuda me ocupa, pero no me preocupa de la que hicieron gala los Gobiernos presididos por Francisco Camps ha terminado por convertirse en una pesadilla. La Comisión Europea anunció la semana pasada la apertura de una investigación formal por la posible manipulación estadística del déficit de la Comunidad Valenciana.

Una decisión que, aunque no prejuzga el resultado, evidencia, como mínimo, la falta de rigor y la inadecuada gestión de la deuda generada por la Generalitat durante más de un lustro. Ahora, Eurostat, la agencia estadística de la Comisión Europea, trata de determinar si hubo dolo o no en el falseamiento de los datos. Para ello ha solicitado información a la Sindicatura de Comptes, el mismo organismo que durante más de una década advirtió, con desigual éxito, de las irregularidades detectadas en la gestión contable de la Generalitat.

¿Cómo se ha llegado al punto de colocar las cuentas de la Administración valenciana bajo sospecha en Bruselas? Fundamentalmente por tres razones: la existencia de unos presupuestos que durante más de una década no han reflejado el gasto real en sanidad, que es la principal partida de gasto; la introducción de normas más rígidas por parte de Bruselas para forzar a las Administraciones a cumplir con las políticas de control del déficit y, sobre todo, la laxitud en el control del gasto y la falta de celeridad en cumplir con las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes.

Las facturas en el cajón elevaron el déficit de 2011 del 3,68% al 5,15%

Sin embargo, el detonante del mosqueo de Bruselas con las cuentas valencianas hay que buscarlo en la falta de sintonía existente entre el Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, y el Consell de Alberto Fabra, ambos del Partido Popular.

En 2012, según un cualificado miembro del PP, el Gobierno que preside Mariano Rajoy decidió remitir un avance provisional a Bruselas del déficit de España correspondiente a 2011, sabedor de que el definitivo sería corregido al alza, con la intención de responsabilizar al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de tener que gestionar una herencia más pesada de lo previsto. El déficit definitivo se alteró finalmente en cuatro décimas al alza, sobre todo por el afloramiento de gastos no registrados en Madrid y la Comunidad Valenciana.

Lo que para el Estado fue un cambio dé décimas para la Generalitat se convirtió en el inicio de un escándalo. El entonces consejero de Hacienda, José Manuel Vela, decidió aprovechar el plan extraordinario de pago a proveedores del Gobierno para aflorar gastos pendientes de pago y solicitó 4.355 millones de euros al Ministerio de Hacienda.

La investigación debilita a Fabra pese a que Montoro conocía los datos

La consecuencia fue que el déficit declarado por la Comunidad Valenciana pasó del 3,68% del PIB al 5,15% en 2011 y el déficit de 2010 se tuvo que corregir del 3,6% al 4,8%. Los déficit de 2009 y 2008, aunque también se tendrían que haber modificado por el afloramiento de las facturas en el cajón, se dejaron en el 3% del PIB y en el 2,3% porque no había obligación legal de cambiarlos. Pese a ello, la Comisión Europea ha decidido investigar los datos estadísticos de los cuatro ejercicios señalados.

La situación se agravó aún más con el informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente a las cuentas de la Generalitat de 2012, que detectó que, al menos, 1.864 millones de euros aflorados con el plan de pago a proveedores correspondientes a gastos de ejercicios anteriores ni siquiera habían sido registrados contablemente por la Intervención General de la Generalitat.

Una situación que ha llevado al PSPV-PSOE a exigir la comparecencia de Montoro en el Congreso de los Diputados para explicar lo sucedido con las cuentas valencianas; explicaciones en las Cortes Valencianas de los consejeros de Sanidad, Manuel Llombart, y de Hacienda, Juan Carlos Moragues y que el interventor general de los ejercicios investigados Salvador Hernándis sea apartado de la Sindicatura de Comptes, donde tiene su plaza de funcionario y desempeña funciones de auditor de las cuentas autonómicas.

Los precedentes de la gestión que ahora examina Bruselas hay que buscarlos en la etapa de gobierno de Francisco Camps. En 2007, el entonces vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, ya tuvo que deshacer la primera pelota de gasto sanitario realizado sin consignación presupuestaria. Un acuerdo con el Instituto Valenciano de Finanzas permitió aflorar facturas correspondientes a 2002, 2003 y 2004 por valor de 847,4 millones de euros a pagar “mediante cuotas constantes con cargo a las anualidades de 2008 a 2015”. Y se dejaron pendientes de contabilizar otros 562,9 millones de euros, según explicó la Sindicatura de Comptes en la auditoría de la Generalitat correspondiente a 2007.

Andalucía y Cataluña también realizaron regularizaciones similares ese año, pero solo dos años después, en 2009, el Gobierno valenciano ya había vuelto a reincidir y esta vez en solitario. La pelota de 1.543 millones de euros de gasto sanitario se refinanció con cargo a los ejercicios de 2010 a 2017 y se dejaron 962 millones para imputar también a otros años posteriores.

En 2012, con los mercados financieros cerrados y la imposibilidad de pedir créditos para pagar deuda comercial, el Consell se echó sin pensarlo en la tabla de salvamento del plan de pago a proveedores del Gobierno, aunque buena parte de las facturas guardadas en los cajones no estaban contabilizadas ni en el epígrafe 409 —para gastos sin cobertura presupuestaria— ni en el 411 —para dispendios a pagar en ejercicios futuros—.

Con ello, el Gobierno valenciano logró deshacer su tercera pelota de deuda sanitaria, pero ahora está bajo sospecha en Bruselas y debilitado para negociar la reforma del sistema de financiación autonómica ante un Gobierno que supo hace meses del déficit real de la Comunidad Valenciana.