Montoro emplaza a Euskadi de forma oficial a pagar los 30 millones de multa

El Ministerio de Hacienda remitió este miércoles a las tres diputaciones vascas y al Gobierno de Iñigo Urkullu un escrito en el que le comunica, de forma oficial, que se pone en marcha el procedimiento para que le ingrese los 30 millones de euros de la multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE, debido al retraso en la recuperación de las vacaciones fiscales, las ayudas que se concedieron a numerosas empresas en la década de los noventa y que fueron consideradas ayudas de estado ilegales por todos los tribunales españoles y europeos.

El Ministerio, que tenía dos meses para ingresar la multa en una cuenta del Tribunal de la UE, está dentro del plazo y hará frente al pago antes del 14 de julio, cuando se cumplen los dos meses desde la comunicación oficial de la sanción. De forma paralela y una vez resuelto el problema con Bruselas —el Tribunal de Justicia de la UE hizo la reclamación al Reino de España— el Ministerio de Hacienda abre un proceso interno con las instituciones vascas que puede durar un máximo de seis meses.

La comunicación oficial a Euskadi incorpora el nombramiento de un instructor para dar fe y resolver el principal problema al que se enfrentan ahora las tres instituciones forales y el Ejecutivo, y es el de dilucidar el reparto del porcentaje de los 30 millones de la multa que asume cada institución.

Si inicialmente la Diputación de Bizkaia quería que la alavesa asumiera más del 65% de la multa por ser la que más retraso había acumulado a la hora de recuperar los fondos, ahora, tanto Bizkaia como Álava parecen coincidir en que sea el Gobierno vasco el que asuma la parte principal de la multa, es decir, el 70% de los 30 millones.

Ese porcentaje es el que marca la Ley de Aportaciones y el que fija la parte de los impuestos recaudados por las tres instituciones forales con la que se financia al Gobierno. Diversos ejecutivos se han beneficiado, en ese mismo porcentaje, del dinero que han ido recuperando las diputaciones de las vacaciones fiscales. De hecho, el último Consejo Vasco de Finanzas del anterior ejecutivo socialista fue dramático. El Gobierno de Patxi López y la Diputación de Gipuzkoa doblegaron a Bizkaia y Álava en una reunión muy movida, y lograron meter en el sistema general de reparto cerca de 300 millones que sirvieron para aliviar el déficit de ese año.

La primera sentencia europea que obligó a las diputaciones a recuperar las ayudas era de 2001. En 2006 otra sentencia confirmó la primera y sirvió como punto de partida para empezar a computar las sanciones atribuibles al retraso. En total fueron más de 700 millones de euros lo que inicialmente tenían que rescatar.

Curiosamente las diputaciones acabaron ese trabajo, a regañadientes, en 2013, después de que la propia UE se quejara amargamente, en algunos documentos, del ninguneo que estaban sufriendo. Las diputaciones retrasaban el cumplimiento de las sentencias, incluso con maniobras dilatorias, como el envío de furgonetas llenas de documentación a Bruselas para que fueran los propios funcionarios quienes cribaran y fijaran cuáles de las ayudas eran compatibles con la UE y cuáles no.

De hecho, la abogada general de la UE, Eleanor Sharpston propuso en enero al Tribunal de Justicia que imponga a España —aunque el pago corresponde a las instituciones forales y al Gobierno— una multa de 50 millones de euros, 14 menos de lo propuesto por la Comisión, por no recuperar a tiempo aquellos fondos.

Ese mismo día el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, dijo, pese a la cuantía, que la multa es una “cuestión menor”, ya que lo importante es la capacidad fiscal de las Diputaciones forales, que el Tribunal de Luxemburgo no cuestiona. La “cuestión menor” va a suponer al Gobierno 21 millones de euros.