100.000 trabajadores del Metal se ‘congelan’ tras la reforma laboral

No son los 100.000 los que sufren el largo invierno salarial que ha sucedido a la crisis y a la última reforma laboral, pero la gran mayoría de los trabajadores afectados por los diferentes convenios sectoriales del Metal llevan cuando menos tres años de recortes y de congelación.

Eso después de los ajustes de plantilla que han diezmado las empresas, de ver que se han abierto por debajo escalas salariales dobles o que, tras una baja, sus emolumentos han caído sustancialmente al eliminar su empresa el complemento que tenían pactado en el caso de Incapacidades Temporales (IT).

El metal es un sector tractor que aglutina en torno a él a otros más pequeños como limpieza, comercio y algunos más específicos. Aunque la cifra oficial de trabajadores afectados por el sector en sí es de 100.000, emplea en total, con todos los sectores afines, a más de 150.000 familias, es decir, a unos 400.000 vascos en una comunidad de poco más de dos millones de personas. Un sector vertebrador, que cada día que pasa está más desvertebrado.

José Antonio Cabia nació en Bilbao hace 47 años y trabaja en Nervacero, del Grupo Celsa. Sus salarios están congelados desde 2010 y además han firmado un plan de viabilidad y un convenio de empresa que les han obligado a darle una vuelta más al cinturón, con una rebaja salarial del 20% —convertida en variable en función de la marcha de los beneficios antes de impuestos— y ajustes de plantilla aunque no traumáticos.

El 7 de julio de 2012, Nervacero firmó un plan de viabilidad y justo un año después, el fatídico día en el que decayeron muchos convenios sectoriales por obra y gracia de la última reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, el 7 de julio de 2013, los cuatro sindicatos vascos, UGT, CC OO, ELA y LAB, firmaron el convenio de Nervacero. “La gente tiene la sensación de vivir de prestado” dice Cabia.

Se refiere a que en Bizkaia la gran mayoría de las empresas han seguido las recomendaciones de la patronal de mantener las condiciones laborales hasta que el panorama no se aclare, pero el asunto va a trompicones. El pasado julio muchos empleados recibieron cartas de que se mantenían las condiciones del último convenio vigente, hasta el 31 de diciembre de 2013 y ahora están en una nueva prórroga hasta el 31 de julio de 2014.

El problema es que mientras tanto el último convenio vigente, el de 2008 a 2011, de eficacia limitada —firmado por UGT y CC OO en minoría— está judicializado. UGT presentó el recurso al Supremo el viernes pasado después de que en primera instancia un juzgado de Bilbao reconociera la ultraactividad de ese marco laboral, pero el Superior diera la razón a la patronal al considerar que las recomendaciones que había hecho a sus afiliados para que mantengan las condiciones laborales no se pueden convertir en el hecho central que justifique su vigencia.

Cabia, casado y con dos hijos ha visto cómo su empresa que vendía el 80% de su producción a España y el 20% en el mercado internacional ha tenido que invertir los porcentajes para seguir aferrado al mercado, con lo que supone de merma de márgenes. “También he visto como los derechos y reparto de la renta que habíamos logrado en treinta años se ha caído en tres”, lamenta.

Los sindicatos del Metal de Bizkaia están convocados el próximo martes a una nueva reunión del sector.

Sobre la mesa hay asuntos como el aumento de la flexibilidad para adaptar los tiempos de trabajo a los ritmos de la demanda, y la eliminación de los complementos de la Incapacidad Temporal, además de aumentos de productividad. “Queremos firmar un convenio de eficacia general, pero si no es posible no podemos dejar tirados a miles de trabajadores, firmaremos uno de eficacia limitada”, asegura el responsable de UGT, José Ramón Manso.

A. M., casada y con un hijo está afectada por un ERE temporal hasta final de año para mantener el empleo. Trabaja en Premagas, en Vitoria y sus condiciones están congeladas desde 2011. También viven “de prestado” con el mantenimiento de las condiciones del último convenio vigente, de 2011, hasta el 31 de julio “y luego ya veremos”.

Cobran mes a mes, pero a veces en dos plazos y “hay que agradecer que nunca nos han debido nada, pero mayo acabamos de cobrarlo. Si tienes obligaciones con un banco en fechas concretas tienes un problema”, lamenta.

Sindicatos y patronal se reunieron el viernes pasado y lo más positivo es que siguen las negociaciones. CC OO cree escasa la propuesta de ultractividad de 24 meses, y las subidas salariales del 0,5%, exiguas, después de cuatro años de congelaciones. La patronal SEA quiere 120 horas de flexibilidad, 15 días. En Álava las dos instancias judiciales apeladas han reconocido la ultractividad del último convenio firmado, el de eficacia limitada de 2010 de UGT y CC OO. LAB cree “inaceptable” que las empresas quieran hacer desaparecer la referencia del IPC en la actualización de los salarios.

Álava es la única de las tres provincias en la que el mantenimiento de las condiciones está más o menos asegurado, aunque con la incertidumbre que genera la reforma, al poder descolgarse cualquier empresa en cualquier momento, de las condiciones generales, incluso de las pactadas en la propia planta.

“Para que la industria pueda seguir siendo el motor de la economía tiene que estar regulada, las patronales van a darse cuenta tarde o temprano de que sin condiciones generales además de la conflictividad, van a empezar a competir entre patronales y entre empresas por tener los menores costes salariales, y eso no puede ser”, aseguró el jueves el responsable del Metal de CC OO, Javier Gómez.

Iñaki Martín es delegado de UGT en Zardoya Otis, en San Sebastián. Su empresa va bien, pero como no hay convenio provincial, la dirección no se aviene a mejorar las condiciones. “Estanos intentando negociar el IPC de 2012 y 2013 y aplicarlo a las tablas de 2011”, el último convenio marco vigente que firmaron ELA, LAB y UGT con Adegi para 2010 y 2011, aseguró este sábado Martín. Una tarea complicada y que se puede complicar si este martes que viene la asamblea convocada en la planta da luz verde a la huelga que se va a debatir. Casado y con dos hijos aseguró ayer que si “la empresa no actualiza los salarios nos vamos a ir a la huelga”.

Después de los ajustes realizados que han dejado la firma en unos 180 empleados de los 250 anteriores, pero con carga de trabajo y números positivos, Martin asegura que la situación en Gipuzkoa es la pescadilla que se muerde la cola: “Si no hay provincial no actualizamos en la empresa, y como no se firma el convenio de empresa pues tampoco se actualiza”, lamenta.

El pasado diciembre la sala de lo social del Superior vasco desestimó una demanda de los cuatro sindicatos que pretendía el reconocimiento de la vigencia del último convenio. A partir de ahí, Adegi se ha negado a sentarse en la mesa general hasta que no se resuelva el recurso de ese fallo.

En Gipuzkoa no hay una fecha próxima para negociar el convenio sectorial, ya que el Superior emplazó a trabajadores y sindicatos a buscar las soluciones en el ámbito de la empresa.