Montoro recibe la sentencia de la UE y estudia cómo cobrársela a Euskadi

El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro ya le ha puesto el sello de entrada a la notificación del Tribunal de Justicia de la UE en la que se le emplaza a pagar en unos dos meses el importe de 30 millones con el que ha sido sancionada la actitud dilatoria de las diputaciones forales vascas. La circular con el membrete europeo y la mala noticia en su interior llegó la pasada semana al Paseo de la Castellana de Madrid, lo que implica que para mediados de julio tiene que estar abonada en las cuentas de la UE, y en un plazo “razonable” esa cantidad ha de ser cobrada a Euskadi.

El problema es el cómo. Aunque el mecanismo depende de un informe que ha encargado el ministro a sus servicios jurídicos, el sistema podría limitarse a un descuento en uno de los ingresos que la administración del Estado tiene que hacer cuatro veces al año en compensación por el IVA y los impuestos especiales. El próximo que le toca a la administración central es precisamente a finales de julio.

Una vez descontada la cifra —es decir abonada al Ministerio de Hacienda— el Gobierno vasco y las tres diputaciones tendrían tiempo para atinar con un procedimiento que contente a todas las instituciones, especialmente a Álava y Gipuzkoa.

Aunque las normas tributarias que dieron origen a las denominadas vacaciones fiscales fueron aprobadas por las Juntas Generales de los tres territorios, —la UE las declaró ilegales a partir de 2001—, la multa se basa no tanto en la ilegalidad de las medidas, sino en el incumplimiento reiterado de la obligación de las diputaciones en recuperar los importes de las ayudas.

El  próximo cobro de Madrid a Euskadi llega a finales de julio

La diputación alavesa, dirigida ahora por el PP y la guipuzcoana por Bildu, acusan al PNV de dirigir la estrategia de judicializar hasta el extremo y de frenar el cumplimiento de las sentencias europeas mientras quedara un hilo judicial por explorar. Esa estrategia es la que ha castigado la UE.

Ante la falta de acuerdo en Euskadi de cómo repartir el impacto de la multa, Gipuzkoa prefiere esperar hasta el Consejo ordinario de Finanzas de octubre. “Salvo que medie un acuerdo previo”, indicaron fuentes de Hacienda de Gipuzkoa, “hay tiempo para resolverlo en el próximo Consejo de Finanzas”. Curiosamente si las diputaciones han sido las que concedieron las ayudas, las que tardaron en recuperar las ayudas y por lo tanto las responsables de la multa, van a ser las últimas en abonarla de la cadena de instituciones implicadas. Primero serás la administración del Estado, luego el Gobierno vasco y finalmente las instituciones forales.

Los flujos económicos entre Euskadi y España, y entre las diputaciones y el Ejecutivo vasco tienen ritmos diferentes. El País Vasco ingresa el Cupo al Ejecutivo central en tres veces. En mayo abona el cierre del año anterior y un tercio del Cupo provisional del año en curso, que luego completa con otros dos pagos en septiembre y diciembre. El central hace lo propio con el IVA los impuestos especiales e hidrocarburos, al abonar a la administración vasca en cuatro plazos. En abril paga el primer trimestre de los ajustes y el importe correspondiente a la liquidación del año anterior, y después completa ese primer trimestre con otros tres pagos en julio, octubre y diciembre.

Finalmente, los flujos entre las instituciones vascas sólo van en una dirección, de las diputaciones que son las que recaudan hacia el Gobierno. Estas financian los presupuestos del Ejecutivo vasco en seis plazos. Empiezan en febrero, siguen en abril, junio, julio, octubre y finalmente en diciembre.