Empleo embarga a 10 asociaciones afectadas por el ‘caso Aneri’

La Consejería de Empleo iniciará en los próximos días el proceso de embargo a 10 asociaciones empresariales afectadas por el caso Aneri. Las asociaciones habían contrado al empresario cordobés José Luis Aneri para que realizara cursos de formación con las subvenciones que habían pedido. Pero el empresario colocó listas de alumnos falsos y, supuestamente, se quedó con el dinero de las ayudas públicas, según la investigación de la policía. El agujero en las arcas regionales ronda los seis millones de euros.

A pesar de que las asociaciones se consideran víctimas de la estafa de la trama —hasta el mometno hay una docena de imputados por el fraude de los cursos—, la Comunidad de Madrid iniciará en el próximos mes todos los procesos de embargo.

La Consejería de Empleo exige, además de de la devolución de las ayudas, el pago de unas multas por el triple del valor de la subvención. En 2011 se repartieron 2,6 millones. La posible multa podría ascender a 7,8 más. En total, 10,4 millones de euros.

No habrá embargo si las asociaciones pagan en las próximas semanas. Pero las cantidades ponen a muchas de ellas al borde de la desaparición. La otra manera de parar los embargos es que prospere la denuncia que las asociaciones han interpuesto contra algos cargos y funcionarios de Empleo. Entre ellos, el exviceconsejero de Empleo Juan Van-Halen; la directora general de Formación, Patricia Herrero y el director de Estrategia y Fomento de Empleo, Valentín Bote.

Les acusan prevaricación, ocultamiento contumaz, inducción al delito y connivencia delictiva. Consideran que la Administración les ocultó de forma deliberada durante más de cinco meses que los cursos de Aneri estaban llenos de irregularidades. Piensan además que la consejería no hizo los controles obligatorios de forma deliberada ni cumplió las normas regionales que establecen cómo debe hacerse el seguimiento de las subvenciones. Por ejemplo, la Administración no constituyó la comisión mixta de seguimiento, un grupo de trabajo que, según la Orden 3727/2011, debe estar formado por dos personas de la Dirección General de Formación y dos de la entidad beneficiaria. Esa comisión debe analizar y valorar el desarrollo y resultados de la formación.

Respecto a esa denuncia, un portavoz de Empleo señaló ayer que “las asociaciones deberían explicar a las empresas que representan qué hicieron con los fondos públicos que recibieron y por qué traicionaron a sus trabajadores hurtándoles la formación de debían haber recibido”.

Dice la consejería que el convenio que las aociaciones firman al recibir las ayudas señala que la asociación “deberá verificar en tiempo real el correcto desarrollo de la formación, [...] y comprobar la calidad de los cursos”.