El 16% del suelo vasco está afectado por la contaminación

Los suelos contaminados afectan al 16,5% del territorio vasco. Para realizar un tratamiento correcto de estos, el Gobierno ha apostado por reformar la ley que se ocupa de detectar los usos contaminantes del territorio y prevenirlos o reconducirlos, una norma de 2005 que según la consejera de Medio Ambiente, Ana Oregi, es preciso modificar porque ha generado quejas de los operadores y porque es preciso tener “obligaciones más flexibles para los casos menos contaminados”.

Oregi ha explicado este martes tras el Consejo de Gobierno que el proyecto de ley de Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo busca centrarse en aquellos suelos que se prevé que hayan sufrido una mayor contaminación. Para los demás, se establecerá una vía diferenciada con la que se acorten los plazos y los costes tanto para las empresas como para la administración. La consejera ha señalado que su intención es “reducir la intervención administrativa” pero respetando los “estándares de calidad ambiental”. Según Oregi, la ley actual, que no tiene precedentes en España –hay que recurrir, ha indicado, a países como Holanda o Bélgica-, fue “muy comprensiva; prácticamente cualquier suelo está sometido a un procedimiento muy complejo” que ha motivado quejas “razonables y oportunas”, ha descrito, de las empresas.

En definitiva, la apuesta del Ejecutivo es evitar el proceso establecido hace nueve años para todos los suelos que podrían estar contaminados, creando una vía simplificada para aquellos casos en los que se prevé pasar de un uso industrial a otro similar. El primer procedimiento se mantendrá para en torno al 40% de los suelos contaminados. En este segundo caso recibirán un certificado de aptitud del suelo, y se prevé que se extienda el procedimiento abreviado en el 40% de los suelos susceptibles a estar sujetos por la futura ley. Según Oregi, este título de aptitud no se otorgará nunca para suelos en los que ha habido residuos peligrosos y se vayan a destinar a viviendas. El 20% restante entrará dentro de los supuestos exentos. En total, el Gobierno prevé que entre 2013 y 2040 haya 7.409 suelos a los que afecte la futura ley.

La propuesta del Ejecutivo intenta lograr una “mayor atención” a la protección del agua. Asimismo, modifica las sanciones de hasta 1,2 millones de euros a 1,5 millones y con periodos de cierre de las empresas que se salten la normativa a seis años.

El Gobierno ha enviado al Parlamento el proyecto legal, que ahora deberá iniciar su tramitación parlamentaria previa a su aprobación con las modificaciones que los partidos consensuen entre ellos.