La Junta cifra en un millón de euros el fraude en los cursos de formación

La investigación interna abierta por la Junta de Andalucía sobre la gestión de los cursos de formación profesional solo ha encontrado por ahora cuatro expedientes, de 1.728 analizados, en los que ha habido fraude, por un uso no justificado de las ayudas. La Consejería de Educación ha pedido el reintegro de 1.059.176 euros de los 2.326 millones que destinó la Junta en siete años, desde 2007 hasta 2013, según informó ayer en el Parlamento el consejero de Educación, Luciano Alonso.

La tarea no ha hecho nada más que comenzar porque hay un total de 8.505 entidades que han recibido subvenciones para la formación profesional, documentación que se analiza “una a una”, según Alonso. Este reconoció que la formación profesional “no ha estado a la altura” de lo que la comunidad necesita. Las cuatro entidades son todas públicas: los consorcios de hostelería de La Cónsula de Málaga y de Benalmádena, el Centro de la Madera de Córdoba y el Ayuntamiento de Fuenteheridos (Huelva), del PSOE, al que se le reclama casi 450.000 euros.

IU considera un “escándalo” el funcionamiento de los cursos de FP

El consejero solo ofreció datos de los expedientes ya cerrados, pero no de lo 56 a los que se les ha pedido un reintegro parcial o total de las ayudas recibidas, ya que aún están en plazo de alegación. Tampoco facilitó los nombres de las instituciones implicadas porque así lo han pedido las empresas expresamente hasta en tanto no terminen el procedimiento, una solicitud que han avalado los servicios jurídicos de la Junta por una cuestión de seguridad legal.

Esta inspección nada tiene que ver con la investigación abierta por la Fiscalía de Málaga sobre 17 subvenciones que aún están en proceso de justificación acreditativa por importe de 1,5 millones, frente a los cerca de 2.000 millones que fuentes de la UDEF apuntaron inicialmente.

Alonso y el portavoz socialista, Francisco Menacho, afearon al PP que hubiera dado por buena esta cifra que dio pie a hablar de un nuevo fraude masivo en Andalucía. Para el PP, la investigación de la Junta no es tal. “No investigan, sino tapan y además de forma lenta”, dijo su portavoz, Dolores López Gabarro, quien acusó de “cobardía” a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por “no dar la cara” en el pleno.

Alonso provocó las protestas de la bancada popular cuando pidió cautela con las subvenciones que están pendientes de justificar como la que por valor de 900.000 euros ha recibido la diputada del PP Antonia Ruiz. Esta tiene participaciones en cinco empresas de formación y declara un saldo de 1,2 millones de euros en sus cuentas corrientes, según consta en su declaración de bienes e intereses del Parlamento.

Izquierda Unida, socio del PSOE, dejó abierta la puerta a la creación de una comisión de investigación, una eventualidad que no está prevista en el pacto de coalición, como sí estaba la del fraude de los ERE. La portavoz de IU, Rosalía Martín, no mostró sorpresa alguna por la mala gestión de los fondos de formación ya que el informe “desolador” de la Cámara de Cuentas de finales de enero pasado indicaba, en su opinión, “la dejación de funciones de la Administración en los procedimientos y el grado de degradación de lo público” y que existían “chiringuitos organizados para sacar dinero de esto”. El citado informe fiscalizó las subvenciones en formación de 2009 y 2010, que consumieron 746 millones de euros, y la conclusión fue que el 89% de las ayudas se dieron sin “concurrencia competitiva” en el primer ejercicio analizado, que el abono se hacía “sin necesidad de justificación previa” y que “prácticamente la totalidad de los gastos subvencionados son de naturaleza corriente”.

Este funcionamiento “caótico” es para IU un “escándalo” y un “bochorno” para Andalucía, y exige de manera urgente medidas de control y transparencia, “dirimiendo responsabilidades le toque a quien le toque”, bien sea a través de la propia Cámara de Cuentas, de las investigaciones administrativas o de una comisión de investigación parlamentaria. Aunque IU amaga con esta posibilidad, sus diputados votaron en contra el pasado mes de marzo cuando el PP la planteó. Argumenta que antes de dar ese paso es necesario más informes de la Cámara de Cuentas.