Dos imputados gestionan ahora otro millón en ayudas para cursos

Dos de los imputados en el presunto fraude de los cursos de formación que sacude a la patronal madrileña siguen gestionando ayudas públicas para trabajadores. Alfonso Tezanos y Víctor Porta, empresarios y exdirectivos de la Cámara de Comercio, recibieron en 2013 una subvención de 949.000 euros para cursos de formación que está actualmente en tramitación. La cuenta del presunto fraude, con una causa judicial abierta y bajo secreto de sumario y 13 imputados, superaría con este nuevo expediente los 17 millones de euros. Esta última subvención procede de fondos estatales.

Tezanos y Porta fueron detenidos y puestos en libertad con cargos el pasado 13 de marzo en el transcurso de una investigación de la Sección de la Seguridad Social de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigaba la trama desde un año antes de que el caso saltara a la luz.

La denuncia les llegó en diciembre de 2012, cuando los técnicos del Servicio Público de Empleo Estatal detectaron irregularidades en las ayudas solicitadas por la federación de transportes Ucotrans.

Tezanos y Porta son socios e introdujeron en el mundo empresarial madrileño al abogado cordobés José Luis Aneri, único imputado que permanece en prisión preventiva tras su detención el 1 de marzo por los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad y estafa.

Supuestamente crearon un entramado para recibir fondos públicos para cursos de formación on line a través de una treintena de asociaciones empresariales. La trama operaba multiplicando alumnos falsos para aumentar la cuantía de las subvenciones. La investigación policial ha determinado, tras hacer un muestreo y entrevistar a centenares de supuestos participantes, que más de 10.700 alumnos de los primeros expedientes investigados de Ucotrans no habían hecho esos cursos.

El expediente aprobado de la convocatoria de planes 2013 fue solicitado por la empresa Pymes y Desarrollo, administrada por Víctor Porta y en la que Tezanos figura como apoderado. Ambos empresarios ocuparon puestos destacados en la Cámara de Comercio que encabeza Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña CEIM. Hasta que se destapó el caso, Tezanos era vocal de la CEIM y presidente de la Comisión de Formación de la Cámara y Porta ejercía como vicepresidente de la Comisión de Transportes.

El expediente procede de fondos estatales gestionados desde la Fundación Tripartita, el organismo para la formación que depende del Ministerio de Empleo y en el que participan la Administración, los sindicatos y la patronal. El organismo libró el 100% de las ayudas en 2013, antes de que se conociera la implicación de Tezanos y su socio en el caso, según indica una portavoz de la fundación. Con esta nueva suma, la cantidad manejada por la trama supera ya los 17 millones, de los que 12 provienen de dinero estatal y otros 5,4 salen de las arcas de la Comunidad de Madrid, sufragadas con dinero de las cuotas de los trabajadores y también de fondos europeos.

El plan de ayudas de Pymes y Desarrollo se está ejecutando con acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, la acreditación oficial de las cualificaciones profesionales. Se trata de cursos presenciales de entre 180 y 200 horas de duración. Desde la Tripartita confirman que se está haciendo un seguimiento a estos planes y añaden que las ayudas no pueden ser retiradas hasta que sus solicitantes no estén condenados por sentencia firme. Desde el Ministerio de Empleo no aclaran si se han detectado irregularidades en este expediente, a la espera de que concluya su tramitación.

La subvención fue solicitada por la consultora para impartirla en centros de Castilla La Mancha, el País Vasco, Aragón y Madrid, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Además de estas ayudas y las que están siendo investigadas en los juzgados, los dos socios gestionaron también ayudas para colectivos desfavorecidos a través de una ONG que obtuvo 145.000 euros de fondos regionales en 2009. Es la Asociación para la Integración y Desarrollo de Colectivos Desfavorecidos (Asidecode). El dinero recibido era para intermediación laboral y para la organización de cursos de formación que no se llevaron a cabo, según una de las asociaciones que supuestamente colaboró con ellos.